Diario de León

La reforma de la Administración al Bocyl

Antes de que termine el mes de marzo el Ejecutivo enviará a las Cortes el proyecto de ley que completará las 65 medidas aprobadas y que permitirá un ahorro de 38 millones de euros este año.

El Boletín Oficial de Castilla y León —aquí en sus versiones impresa y online— publicó la reforma de la Administración.

El Boletín Oficial de Castilla y León —aquí en sus versiones impresa y online— publicó la reforma de la Administración.

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El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el lunes día 3 el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado jueves, 30 de enero, en el que se aprobaron 65 medidas para hacer más ágil, eficiente, transparente y cercana a los ciudadanos la Administración de Castilla y León, con propuestas que tienen plazos de ejecución durante este primer semestre del año. Además, la mayoría se concretará en marzo, fecha en la que llegará a las Cortes el proyecto de ley en el que se incluirán las normas afectadas. Las medidas fueron presentadas por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en el pleno de las Cortes del pasado 10 de diciembre, a las que se han unido las once de los grupos parlamentarios —diez PP y una de UPL— y dos a través del Gobierno Abierto, una para la revisión de la regulación del teletrabajo y otra para mantener la periodicidad anual en la convocatoria de los concursos y estudiar la posibilidad de implantar el concurso abierto y permanente para personal funcionario. De las 65 medidas, con las que se prevé un ahorro de 38 millones de euros en 2014, como expuso el consejero en las Cortes, 13 corresponden al ámbito de las instituciones, 24 a reducir duplicidades y coordinación con otras administraciones, 24 a la modernización de la administración y cuatro a la reestructuración del sector público. En el marco de medidas institucionales y organizativas, se encuentran los 2,5 millones que se ahorran con la reforma del Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y CES. Además, prevé mermar el gasto en 1,5 millones con el funcionamiento del Bocyl electrónico. La implantación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio llevará un ahorro municipal de 231 millones, según la Junta.

Por otro lado, el plan de reestructuración del sector público ha llevado a un ahorro de 18,1 millones de euros, ya que al final de este año se habrán suprimido 18 entes, la mitad de los que había en 2011. En 15 de esos entes la Junta no ostentará poder de decisión. Desde el inicio de la administración electrónica, en el año 2006, el ahorro alcanza los 241 millones, a los que se sumarán 25 de las nuevas medidas presentadas. Entre las nuevas medidas de coordinación y reducción de duplicidades, figura la racionalización y organización en la Gerencia de Salud con una reducción del 20 por ciento en la estructura administrativa y nuevas fórmulas de gestión clínica con un ahorro potencial de 12,6 millones. La integración de servicios en la Gerencia de Servicios Sociales derivará 1,5 millones menos. La consolidación de las infraestructuras TIC de la administración con la puesta en marcha de un Centro de Proceso de Datos único supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros. Además, en el apartado del sector público, la Junta reducirá en 1,5 millones la aportación a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo.

Otras de las medidas anunciadas, en el plano institucional, pasan por la reducción de los órganos colegiados a fin de reducir la tramitación de los procedimientos y racionalización de los casos en que se considere preceptivo los informes del Consejo Consultivo. Habrá una reordenación en un 60 por ciento de los órganos sectoriales de participación. Los 16 observatorios se reducirán a uno, dejará de haber diez órganos colegiados y se pasará a uno y habrá una nueva regulación de la identidad institucional que unificará la imagen de la Junta con una mayor coherencia a las 162 marcas, logos, entidades, òrganos, unidades y portales web ahora existentes. Personal Sobre la modernización de la administración, se plantea la flexibilización de los instrumentos de ordenación y gestión de personal para avanzar hacia el concepto de plantilla, como existe ya en los hospitales públicos de la Comunidad.

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