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León

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La andanada | pedro vicente

El fuego cruzado protagonizado el martes por Rajoy y Rubalcaba no se reprodujo ayer ni por asomo en el Parlamento autonómico, donde el presidente de la Junta y el portavoz socialista, más que una confrontación, mantuvieron un cordial intercambio de puntos de vista acerca de las dificultades sobrevenidas para mantener el consenso sobre la Ley de Ordenación Territorial.

Al escollo de la Ley Montoro, se ha sumado el plan de reordenación de la atención primaria, a juicio de los socialistas un recorte de la prestación sanitaria en el medio rural que modifica el mapa de servicios pendiente de revisar en virtud de dicho consenso. Así se lo hizo ver Óscar López a Juan Vicente Herrera en un tono más de ruego que de reproche alejado del amago de ruptura de anteriores declaraciones. Y en el mismo tono conciliador el presidente de la Junta redujo dicho plan a una simple «gestión de recursos humanos», un reequilibrio de las cargas de trabajo que mantiene tal cual el nivel de la atención sanitaria. Visto lo cual, si bien persiste la discrepancia, no parece que ninguna de las partes vaya a dar por roto lo pactado en su momento.

Las secuelas derivadas de la evaporación de las antiguas cajas de ahorro fueron sometidas a la consideración presidencial por parte del leonesista Alejandro Valderas , quién se interesó por las actuaciones de la Junta para cubrir el vacío originado en las distintas fundaciones, empresas y otros organismos participados por las extintas entidades financieras. Tras subrayar que la desaparición de las cajas no ha sido un fenómeno exclusivo de Castilla y León, Herrera no ocultó su preocupación ante los posibles procesos de desinversión de sus participaciones industriales. El Consejo Financiero de la Comunidad, próximo a constituir, nace con el encargo de comprometer a los bancos herederos de las antiguas cajas con el desarrollo económico y social de Castilla y León. En el caso de Unicaja dicho compromiso se da por descontado. Sólo faltaría.

La sesión de control a la Junta subió de tono a partir de las preguntas dirigidas a los consejeros, con los que la oposición no se anduvo ya con miramientos. La socialista Ana Redondo fustigó de nuevo a Pilar del Olmo por cuenta del céntimo sanitario, que además ligó al sobrecoste del Hospital de Burgos. «Error sobre error, error al cuadrado», espetó Redondo a la consejera de Hacienda, quien contraatacó acusando de «demagogia y falta de rigor» a la procuradora.

Los Fondos de Desarrollo Rural y la ralentización de las autovías del Estado fueron otras armas arrojadizas utilizadas por la oposición socialista. Y en ambos casos los consejeros respectivos, Silvia Clemente y Antonio Silván, se defendieron echando mano de la consabida herencia recibida. La consejera de Agricultura atribuyó a Zapatero un recorte de 1.000 millones de euros en los fondos rurales asignados a Castilla y León, mientras que el de Fomento se retrotrajo nada menos que al Consejo de Ministros celebrado en julio de 2004 en León, es decir, al famoso Plan Oeste.

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Silván acaparó ayer cinco de las once preguntas formuladas a los consejeros. Una de ellas propició el enésimo rifirrafe con Fernández Cardo , en esta ocasión por cuenta de la contratación de los trabajos para la restauración de la superficie quemada por el incendio forestal de Castrocontrigo. Salvo que dicho siniestro se produjo en la provincia de León, el procurador y el consejero no coincidieron absolutamente en nada.