Reformas coincidentes de la administración
Soraya Sáenz constata el «alto grado de seguimiento» a su proyecto . La Junta pone ‘peros’ a la Agencia . de Calidad Universitaria porque dispararía el coste . Convertirá este mes su reforma en anteproyecto de ley .
Herrera y Sáenz de Santamaría, en la escalinata de acceso al despacho del presidente.
La reforma de las administraciones, que acometen el Gobierno central y el autonómico, no sólo discurren «en paralelo» en el ámbito temporal, sino también en el de los retos comunes que persiguen: «simplificar su tamaño»; hacerla más «barata y eficiente»; y más «ágil» y «al servicio de ciudadanos y empresas».
«El acuerdo que adoptó la Junta el 30 de enero [por el que oficializaba la reforma expuesta un mes antes por el consejero de la Presidencia en las Cortes] está alineada con los objetivos de nuestra reforma [la llamada Cora] y presenta un enorme grado de coincidencia en sus medidas», destacó ayer el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez.
Así lo constató en la comparecencia ante la prensa, junto a José Antonio de Santiago-Juárez, mientras aún continuaba la reunión entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El consejero de la Presidencia se reafirmó en la posición del Gobierno de Castilla y León, a favor de asumir cualquier medida de la Cora «si el servicio que se presta es mejor y a menor coste o es el mismo y a un coste inferior».
En este sentido, José Antonio de Santiago-Juárez manifestó sus «dudas» respecto a dos de las propuestas recogidas en la también denominada reforma Soraya, que plantea 218 recomendaciones.
Señaló, por ejemplo, que en materia de acreditación de la calidad de títulos universitarios, la Junta prefiere seguir trabajando con su Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León —cuyo servicio le cuesta un millón de euros al año— que hacerlo con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca), cuyo gasto se dispararía a 2,5 millones.
También se refirió a la licencia única de caza, acuerdo que está «prácticamente cerrado» para tres comunidades —Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha—, y que el consejero consideró «lógico» ampliar al resto del territorio nacional. «Ahí no hay dificultades», añadió.
El consejero profundizó más en la reforma autonómica, que él mismo está coordinando. Al respecto, avanzó que a lo largo de este mes de marzo, el Consejo de Gobierno aprobará un anteproyecto de ley, que modificará «más de treinta leyes» de la Comunidad, y que dará cumplimiento al acuerdo adoptado a finales de enero. Dicho de otra forma, la Junta dará forma legal este mes a las 65 medidas con las que prevé mudar la piel de la administración.
De Santiago-Juárez admitió que esta reforma de las administraciones públicas debería haberse acometido antes. «La crisis ha puesto encima de la mesa problemas que no se querían ver», reflexionó.
Jaime Pérez destacó el «alto grado de seguimiento» que están haciendo las comunidades, en términos generales, de las recomendaciones propuestas en el informe Cora. «Se habla de aparente resistencia y no es así; el objetivo de eliminar duplicidades es compartido», señaló el subsecretario del Ministerio de la Presidencia.
Pérez citó como ejemplo a Castilla y León, y algunas de las medidas que «están siguiendo» las propuestas de la reforma Cora, como las relativas a cooperación exterior, comercio exterior, lucha contra la violencia de género, inmigración o el uso compartido de inmuebles del Estado en el exterior.
El subsecretario del Ministerio de la Presidencia alabó los avances en materia de teletramitación y la «apuesta» por medios electrónicos que contiene la reforma de la administración de Castilla y León. Ello le permitirá conectarse al «tablón único» que pondrá en marcha el Gobierno, y que facilitará a empresas y ciudadanos encontrar en él notificaciones de cualquier administración.
El consejero de la Presidencia, por su parte, se remontó al inicio de la legislatura para situar el arranque de la reforma autonómica, cuando se adelgazó la estructura del Gobierno y de la plantilla de altos cargos, y aseguró que antes del 31 de diciembre de este año todas las medidas estarán en marcha. En su comparecencia en las Cortes, De Santiago-Juárez cifró en 38 millones el ahorro este año. Ayer señaló que el recorte de gasto es «dinámico» y se determinará al finalizar 2014.