Los empresarios cifran en 300 millones de euros el dinero recuperable del céntimo ilegal
Las estaciones de servicio se ofrecen a facilitar trámites a quien quiera reclamar arremete contra la «soberbia» y «falta de diálogo» de la Junta .
Antonio Cid, Horacio Sansegundo, Rafael Pizarro y Santiago Aparicio, ayer en la sede de Cecale.
De los 900 millones que la Agencia Tributaria ha recaudado en Castilla y León por el céntimo sanitario entre los años 2002 y 2012, ahora declarado ilegal en ese periodo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los consumidores podrán recuperar, en el mejor de los casos, una tercera parte: 300 millones.
Son los cálculos de la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Avecal) y la Federación Regional de Asociaciones de Estaciones de Servicios (Fereclaes), que ayer se ofrecieron a facilitar los trámites al contribuyente que reclame su dinero.
Ésa es la cantidad, estiman, ingresada por la Administración central entre 2010 y 2012, tanto con cargo al tramo estatal –que aprobó el Gobierno de Aznar a finales de 2001– como por el autonómico –vigente desde el 1 de marzo de 2012–.
Todo lo anterior a 2010, pese a ser ilegal según el tribunal de Luxemburgo, está fiscalmente prescrito. No obstante, el vicepresidente de Avecal, Rafael Pizarro, señaló que hay bufetes de abogados estudiando la posibilidad de reclamar a Hacienda por «daños patrimoniales» ocasionados en los años anteriores.
El fallo europeo ha resucitado las críticas más duras, especialmente contra la Junta, por parte del sector ligado a la venta de carburante. Ayer, responsables de las dos organizaciones más representativas comparecieron junto al presidente de Cecale, Santiago Aparicio, que estuvo muy severo con el Gobierno autonómico.
Denunció la «poca atención» que ha prestado la Junta a las reivindicaciones de los empresarios cuando exigieron la retirada del céntimo sanitario. Acusó a sus responsables de «falta de diálogo» y de «soberbia». «Cuando deciden algo es difícil que lo cambien; hacen oídos sordos».
Aparicio llegó a ironizar con el mote que, dijo, le habían colocado en la Junta, «míster céntimo sanitario». «Lo llevo bien», bromeó. A lo que no quiso poner humor alguno fue a los «perjuicios irreversibles e irreparables» que, según apuntó, ha causado el impuesto a las empresas de venta de combustible, a las transportistas, a la industria y a la hostelería «pegada» a las gasolineras.
En estas consecuencias abundaron también los portavoces de Avecal y Fereclaes. En nombre de las estaciones de servicios, Horacio Sansegundo cifró en un 23% la caída del consumo de gasolina y gasóleo en el primer año de aplicación del céntimo sanitario en Castilla y León (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), a lo que hay que sumar un 26% estimado en el segundo año. «Las cifras dan miedo», resumió.
Si no fuera por esos descensos, añadió Rafael Pizarro, la Comunidad habría recaudado 620 millones entre 2012 y 2014, según sus cálculos, incluyendo ahí los otros dos impuestos–IVA e hidrocarburos– que gravan la gasolina. «Ése es el agujero sin importancia», ironizó.
El presidente de Avecal, Antonio Cid, puso en duda que la Junta no actúe de mala fe;_se preguntó «qué ha ganado con este impuesto», y exigió que «alguien» asuma «responsabilidades».
Aparicio y Pizarro coincidieron en calificar la sentencia de Luxemburgo de «demoledora». El vicepresidente de Avecal criticó además la continuidad del céntimo sanitario, que el Gobierno y las comunidades legalizaron –lo adaptaron a la directiva europea que vulneraba –en enero de 2013. «Han cambiado el collar al perro, pero nos sigue mordiendo y de qué manera», resumió.
Sin despejar las dudas sobre cómo podrá el consumidor recuperar su dinero, Pizarro sí pidió a la Administración que dé por válido un certificado bancario para reclamar, al tiempo que exigió celeridad en la aplicación del fallo judicial: «Tenemos una sentencia que ha puesto en la calle a terroristas y violadores y el Estado no ha puesto peros », comparó.