Reciben ayuda autonómica más de 1.500 familias en riesgo de desahucio
Milagros Marcos sostuvo que la «potencialidad» de la red queda demostrada con los resultados del servicios de atención a las familias en riesgo de desahucio, que ha sumado 29 entidades financieras a las once que se incorporaron desde el primer momento. Así, a 31 de diciembre, 1.518 familias en dificultades para pagar la hipoteca han recibido apoyo profesional de la administración. En 428 casos se estableció un Plan de Economía Familia, mientras que de los 800 casos concluidos, el 80% se resolvieron con diferentes acciones —en 451 casos no fue necesaria la interlocución con el sector financiero—. También subrayó que en 1.061 se desplegaron atenciones con otros servicios como los Centros de Acción Social (327).
El perfil de los titulares de esta prestación son mayoritariamente españoles (84%), con un promedio de 44 años y una media de 2,9 miembros en la unidad familiar, residentes en más de la mitad de los casos en núcleos con más de 20.000 habitantes. Sin embargo, José María González remarcó que en Castilla y León existen ciudadanos que tiene que vivir de la «amistad» y «familiaridad» por no tener suficientes recursos.
La consejera también remarcó los programas de Intervención Familiar, que han atendido a 6.030 menores de 3.786 familias, de forma que la Junta asume ya la tutela del 75 por ciento de los menores protegidos (1.868). También Marcos se comprometió a impulsar la difusión de la Red Centinela de Alerta Infantil, después de que González denunciara la lentitud de este mecanismo, que coordina la actuación de varias consejerías, algo que rechazó la titular de Familia, que subrayó 2.500 personas fueron atendidas por el 012 por problemas de alimentación, de las que en un 60% fueron tramitadas por la vía urgente.
También, destacó que las ayudas de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que contarán con seis millones, después de que en 2013 aumentaran en un 16 por ciento, sobre todo, por la demanda en el área de vivienda y alojamiento, que suponen el 56 por ciento del total. Además, garantizó el crédito necesario para cubrir las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía, después de que el pasado año se resolvieran 10.238 nuevas peticiones hasta alcanzar los 20.357 beneficiarios, por lo que se ha consignado 53,5 millones.
Respecto a esta prestación, la consejera rompió una lanza a favor de los profesionales que la gestionan con «rigor» ya que el pasado año se denegaron el 58,4 por ciento de las solicitudes presentadas y a 900 perceptores se les retiró por incumplir los requisitos. Sobre esta cuestión, Ramos pidió a la Junta que evalúe las causas ya que señaló algunos ciudadanos pueden no inscribirse como demandantes de empleo por la situación del mercado laboral o no llevan a cabo el plan de inserción porque no se adapta a sus necesidades.
Finalmente, la consejera destacó el Fondo de Solidaridad, que ha incorporado diferentes recursos, y el Plan Especial de Empleo por importe de 11,5 millones.