El TSJ ratifica la sanción a la empresa por el accidente mortal de Castrovido

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha ratificado el fallo del juzgado de lo Social número 1 de Burgos que sancionó a la empresa FCC, adjudicataria de las obras de la presa de Castrovido (Burgos) por incumplimiento de la Ley de prevención en un accidente mortal.

La sentencia, facilitada a Efe por el gabinete de comunicación del TSJCYL, ratifica un recargo del 40 por ciento en las prestaciones que corresponde a las víctimas del accidente, ocurrido el 5 de octubre de 2011, en el que murieron cuatro trabajadores y resultaron heridos graves otros dos. Fue la propia empresa la que recurrió ante el TSJCYL el recargo en las prestaciones por entender que se trató de un accidente fortuito en el que no hubo ninguna responsabilidad por su parte. Sin embargo, en la sentencia se considera que la caída de la cuba de hormigón estuvo provocada por deficiente mantenimiento del blondín que transportaba la carga, tanto en lo que se refiere a la soldadura como a su posible oxidación.

Se señala también que la Ley de prevención de riesgos laborales prohíbe expresamente que haya trabajadores situados bajo el trayecto de las cubas de hormigón y, en este caso, nadie avisó a los trabajadores de este riesgo y exigió su salida del lugar antes de continuar el desplazamiento de la cuba. Además del procedimiento por la vía de lo Social, el juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes (Burgos) sigue investigando y reuniendo pruebas para determinar la posible existencia de responsabilidades penales en el accidente.

Las obras del embalse de Castrovido (Burgos), para regular el Arlanza, se retomarán entrada la próxima primavera, después de su paralización en octubre de 2011 tras el accidente que costó la vida a cuatro trabajadores, según avanzó la semana pasada el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín.

Valín reconoció que la revisión de precios de los materiales por el retraso en la obra supondrá un sobrecoste. Sin embargo, sostuvo que lo que supuso «un desastre» para el Ministerio de Medio Ambiente y para la regulación de la cuenca, que sufre problemas de inundaciones y sequías, fueron los ocho años que transcurrieron entre la adjudicación de la obra en 2002 y su paralización hasta que comenzaron las obras en 2010, aunque no ha concretó el incremento presupuestario que ha supuesto. En este momento, hay cuarenta personas trabajando en la presa, en consolidación de cimentación y galerías, según las mismas fuentes.