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La reducción en un treinta por ciento de liberados sindicales, una de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla y León para la contención y racionalización del gasto público, ha supuesto a las arcas autonómicas un ahorro estimado de casi once millones de euros entre los años 2012 y 2014.

En 2012, primer ejercicio de la aplicación de esa medida, el ahorro fue de 2,6 millones, de algo más de 8 millones en 2013, y de 1,7 en lo que va de 2014, según datos facilitados por la consejera de Hacienda.

Sólo en 2012, la intensificación de controles para prevenir el absentismo laboral en la administración autonómica generó un ahorro de 5 millones, mientras que la reducción y liquidación de entes públicos participados por la Junta de Castilla y León -de 46 a 23 y en breve hasta 17- ha evitado el gasto de 18,1 millones, informa Efe.

Por otro lado, la consejera de Hacienda pidió a la oposición parlamentaria «responsabilidad» y lealtad institucional en la lucha contra el fraude fiscal, no sólo a través de los controles e inspecciones sino también de los mecanismos para la regulación de activos ocultos.

Este último punto, comúnmente denominado ‘amnistía fiscal’ motivó parte de la comparecencia de la consejera, a petición del Grupo Socialista para conocer la cuantía total de los activos regularizados por esta vía a lo largo del ejercicio de 2012.

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Del Olmo no pudo satisfacer las preguntas de los grupos de oposición, debido a que el Ministerio de Hacienda -competente en la materia- no ofrece datos oficiales por comunidades autónomas y sí globales: 31.529 declaraciones presentadas -650 de ellas procedente de personas jurídicas-, que han permitido el ingreso de 1.192 millones y el afloramiento de otros 40.000 millones.