El Estado aporta 249 millones en 2013 a la dependencia en la Comunidad

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe de fiscalización que analiza en profundidad el sistema de dependencia en España, que gestionan las comunidades autónomas, y uno de los apartados del documento se reserva a la financiación pública del llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar. El análisis de este organismo independiente destaca el incremento de los importes de la Administración General del Estado a lo largo de 2013, que en el caso de Castilla y León ha supuesto un aumento de recursos del 6 por ciento. Según los datos recopilados por el Tribunal de Cuentas la Comunidad recibió el año pasado 249,3 millones de euros para hacer frente a los servicios y cuidados a las personas dependientes frente a los 235 millones contabilizados en 2012.

La dotación por parte del Estado el ejercicio anterior en Castilla y León incluye tanto la partida del Imserso (83,6 millones de euros) como los recursos adicionales contemplados en la ley de financiación autonómica (165,7 millones), que no son finalistas aunque la recomendación es que se destinen al pago de la dependencia.

El estudio del Tribunal de Cuentas justifica esta partida al asegurar que «responde al hecho de que la implantación de la dependencia genera un coste adicional al que anteriormente soportaban las comunidades autónomas por la prestación de los servicios sociales ahora incluidos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia». Se trata de un dinero que, según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2009, calcula el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en función del número de personas potencialmente dependientes y del número de individuos con derecho a prestación.

La tendencia en Castilla y León, al igual que en resto de España, es que el dinero procedente del Imserso baja (pasa de los 111,8 millones de 2010 a los 103 de 2012 y a los 83 de 2013) pero aumenta la partida de los recursos adicionales (de los 47 millones de 2009 a los 137 de 2011 o los 165 del año pasado).

La prestación de las ayudas recogidas en la Ley de la Dependencia se financia a través del Estado, las comunidades autónomas y el copago de los usuarios. Numerosos gobiernos regionales, entre ellos el de Castilla y León, han mostrado en ocasiones su malestar con las aportaciones del Ministerio que no cubre con su parte. Una infrafinanciación que las comunidades consideran que les obliga a realizar un esfuerzo extra para prestar los servicios a los beneficiarios de la dependencia.

Recursos adicionales

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, insiste en que la financiación del Estado para dependencia ha bajado en los últimos años. Explica que los recursos adicionales no van directamente a la dependencia porque, simplemente, es un criterio más. Incluso, recuerda que es una alegación que presentaron las comunidades al borrador del informe del Tribunal de Cuentas. «Es un dinero no finalista que llega por el envejecimiento, la población, la dispersión, el número de menores, de dependientes pero también por la insularidad», asevera Marcos.

El informe del Tribunal de Cuentas, con datos de 2012, destaca que la financiación pública de dependencia en el conjunto del país, sin incluir Navarra y País Vasco, ascendió a 6.391 millones de euros, repartidos entre los 1.259 millones del Imserso, los 1.866 millones de los recursos adicionales y los 3.244 millones de euros aportados por las comunidades. El gasto en dependencia por parte de las administraciones públicas alcanzó los 463,5 millones en Castilla y León (6,7 por ciento del total).

El 50,7 por ciento del ese dinero corrió a cargo de la Administración General del Estado mientras que el resto de la financiación (49,3 por ciento) correspondió a la Junta. Unos porcentajes que niega la consejera de Familia, al reiterar que no se pueden incluir todos los recursos adicionales para la dependencia. Así que asegura que el coste de la dependencia está «soportado» por las comunidades.

Diferencias entre regiones

El estudio que lleva por título ‘Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las Comunidades Autónomas para la adecuada aplicación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’ permite comprobar las diferencias sustanciales entre las diferentes regiones. Con datos correspondientes a 2012, Andalucía, por ejemplo, recibió el 65 por ciento de la prestación que destinó a la dependencia que aumentó hasta el 68 por ciento en el caso de Baleares y el 73 por ciento en Galicia.

En el lado contrario se situó Madrid, que solo recibió un 27 por ciento de financiación estatal, mientras que Extremadura, otro 37 por ciento, y Castilla La Mancha, un 40 por ciento. Pese a eso, la Administración General asegura que «garantiza» una cuantía igual en el conjunto del Estado a la hora de financiar la dependencia.

En todo caso, el análisis precisa que la información facilitada por la mayor parte de las comunidades autónomas al Tribunal de Cuentas sobre el coste total derivado de la aplicación de la Ley de la Dependencia se basa en gran medida en «meras aproximaciones» y calculado de «forma estimativa».