Hacienda perseguirá el fraude por domicilio fiscal
La Consejería de Hacienda de la Junta impulsa un plan especial de lucha contra el fraude tributario que centrará sus esfuerzos sobre los contribuyentes que viven en la Comunidad, pero se han domiciliado en otras autonomías para no pagar impuestos por Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Y es que el Gobierno regional está detectando numerosos casos de personas que han establecido su domicilio fiscal en autonomías sin el Impuesto sobre el Patrimonio para evitar su abono a las arcas regionales, a lo que se suma esta práctica frente a tributos como el de Sucesiones y Donaciones bajo condiciones mucho más ventajosas en otros territorios.
En este contexto, la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, advirtió que trabajarán «para que cada uno tribute en su tierra». Del Olmo constató que han detectado «bastantes casos» de personas con obligación de pagar el Impuesto sobre el Patrimonio (aquellos con más de 750.000 euros sin incluir su vivienda habitual), que han domiciliado su residencia en autonomías donde no se abona este tributo cuando viven todo el año en Castilla y León, y se benefician de sus servicios de esta Comunidad. Al respecto, recordó que los que viven más de 183 días en la Comunidad, deben tener su domicilio fiscal en Castilla y León, y algunos tributan fuera cuando «viven aquí los 365 días del año».
Recaudación
Asimismo, también se incidirá en la correcta recaudación de este tributo en la Comunidad, junto al de Sucesiones y Donaciones. Unos impuesto, dijo, que se deben mantener, ya que, según los expertos, «constituyen una fuente de ingresos muy estable, que no depende del ciclo económico». «Por todo esto es tan importante la armonización fiscal entre autonomías», defendió. Para lograr estos objetivos, la consejera remarcó que se potenciará la cooperación con el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria o los notarios, gracias a la reforma que entrará en vigor el 1 de enero, de la Ley General Tributaria, que les proporcionará acceso a datos para saber quién vive en la Comunidad y no paga. «La Agencia Tributaria nos está facilitando instrumentos para la selección con los que vamos a reforzar mucho más la lucha contra el fraude», advirtió. Pilar del Olmo recordó que este tipo de delitos prescribe a los cuatro años, por lo que actuarán con celeridad y harán balance a finales del año.