Afectados de la casa cuartel de Burgos reclaman las indemnizaciones al Estado

Varios afectados por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos han interpuesto demandas contra la administración general del Estado para intentar cobrar alguna indemnización, informó ayer el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Burgos, Jesús Pérez Masa.

En declaraciones a Efe, explicó que su objetivo es que se declare la responsabilidad de la administración para poder cobrar alguna indemnización, dado que es «muy improbable» que los tres miembros de ETA condenados por el atentado paguen las indemnizaciones que se establecieron en la sentencia de la Audiencia Nacional.

El delegado de la asociación señaló que en las demandas se argumenta que se debieron tomar mayores medidas de seguridad para evitar el atentado, del que ayer se cumplieron cinco años, porque «los responsables sabían que había deficiencias y que, según la documentación incautada a miembros de ETA, la casa cuartel de Burgos era un posible objetivo, aunque en ese momento todo lo relacionado con la Guardia Civil podía serlo». Los autores -los etarras Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria- cumplen una condena de 3.680 años decretada el pasado diciembre por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Una condena que obliga a pagar a las víctimas del atentado 10,8 millones.

Pérez Masa aseguró ayer también que el atentado sigue siendo «algo imposible de olvidar» para las víctimas, aunque la mayoría de los afectados ya no viven en la casa cuartel reconstruida, sobre todo por la alta movilidad de los guardias civiles que prestan servicio en la Comandancia de Burgos, que es en muchas ocasiones paso intermedio para otros destinos.

Aunque no se produjo ninguna víctima mortal, la explosión de una furgoneta cargada de explosivos en la madrugada del 29 de julio de 2009 provocó decenas de heridos y dejó prácticamente destruida la casa cuartel.