La Comunidad, segunda en el ránking nacional de Transparencia
Valladolid, octava en el listado, y Burgos, en el puesto décimo.
Ponferrada se sitúa en el tercer puesto.
Castilla y León ocupa el segundo lugar, tras Aragón, en el ranking territorial de aplicación de la Ley de Transparencia, aprobada hace un año, conforme a un test realizado a 144 municipios de más de 50.000 habitantes por la Universidad Rey Juan Carlos. Según el estudio, la Comunidad obtiene una nota de 3,45 sobre una puntuación máxima de cinco puntos y todas las capitales, excepto Zamora, superan el promedio total estatal de 2,64 puntos.
Valladolid (3,99) es la primera en el ranking autonómico, seguida de Burgos (3,75), que en el listado nacional ocupan los puestos octavo y décimo sexto, respectivamente, en una lista encabezada por Sevilla (4,38), Santander (4,29) y Madrid (4,28). En el resultado de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes agrupados por provincias, de nuevo Valladolid y Burgos, junto a Huesca, son las mejores valoradas.
En el estudio, consultado no figura Soria por tener menos de 50.000 habitantes, pero Ponferrada se sitúa en el tercer puesto con la mejor nota autonómica (3,66), seguida de Segovia (3,64), León (3,53), Palencia (3,48), Ávila (3,39), Salamanca (3,25) y Zamora (2,35). Las ocho capitales de provincia de Castilla y León y Ponferrada aparecen en los cien primeros lugares, que oscila entre el octavo de Valladolid y el 87 de Zamora.
En el listado nacional, Aragón (3,55) y Castilla y León son las comunidades autonómas con las mejores puntuaciones, mientras que en los puestos de cola están Castilla-La Mancha y Extremadura, como la peor valorada con 1,94 puntos. En cuanto a los municipios, el lugar 144 de la tabla es para La Línea de la Concepción (0,22), Utrera (0,84) y Torrelavega (0.99). La capital de provincia española con la nota más baja es Ciudad Real (1,20), seguida de Ourense (1,73).
El objetivo del estudio es valorar, en términos cuantitativos, el grado de adecuación actual de los ayuntamientos a la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno aprobada en diciembre de 2013 bajo dos ámbitos: la calidad y adecuación a la ley de la información pública y la facilidad en el acceso a la información. Así, el estudio evaluó la información institucional organizativa y de planificación, la información jurídica, la información económica, presupuestaria y estadística y la solicitud de acceso a la información de las web.