Piden al Consultivo que fije la calidad mínima de los servicios públicos
PP y PSOE plantean un marco estable para las reclamaciones patrimoniales.
El PP y el PSOE coincidieron ayer en reclamar al Consejo Consultivo de Castilla y León que fije una especie de estándar mínimo de calidad de los servicios públicos esenciales con el que dirimir las reclamaciones que los ciudadanos puedan hacer ante las administraciones por la vía patrimonial.
El requerimiento lo plantearon durante la comparecencia del presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, quien presentó por primera vez ante el Parlamento autonómico la Memoria de Actividad de 2013.
Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Amilivia reconoció que esta institución ya aborda reclamaciones patrimoniales de este tipo, aunque no de forma generalizada como ocurre con la reclamación de daños por defectos de la vía pública o los accidentes con animales salvajes.
El primero en plantearlo fue el procurador socialista Francisco Ramos, quien reflexionó sobre el paralelismo que en su opinión existe entre las reclamaciones patrimoniales que realizan los ciudadanos ante las administraciones por daños causados en su persona por el mal estado de la calle con las que se pueden generalizar si los ciudadanos comienzan a reclamar por esta vía los daños derivados del incumplimiento de normativa social. «La apertura de esta puerta daría lugar a una avalancha de reclamaciones», pronosticó.
En la misma línea, aunque sin dar por hecho que existan esos perjuicios a los ciudadanos, el procurador del PP Javier García Prieto instó al Consejo Consultivo a «evaluar también la calidad de los servicios», con especial interés en los «sociosanitarios», y afirmó que sería una «buena aportación» de esta institución.
A la finalización de la comisión, y preguntado al respecto, el presidente del Consultivo explicó que esta vía de reclamación ante la Administración está abierta, aunque en el caso de la institución que preside se limita a responder con dictámenes a las consultas realizadas por los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Junta. Respecto a su papel ante este tipo de reclamaciones, apuntó a que pueden prosperar «si se cumplen los requisitos de legalidad y se establece una relación de causa-efecto entre el incumplimiento y el daño denunciado». En este sentido, recordó que los ciudadanos tienen derecho a reclamar ante «cualquier actuación de la Administración que sea antijurídica».