Mano tendida del PSOE a la Junta en la ordenación del territorio
Barcones matiza al gobierno Herrera que «no es un cheque en blanco».
Virginia Barcones. NACHO GALLEGO
efe | valladolid
La secretaria de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ofreció ayer a la Junta la «mano tendida» en las negociaciones de la ordenación del territorio pero «no un cheque en blanco para que todo siga igual».
Virginia Barcones pidió al gobierno autonómico que aborde «sin excusas» la ordenación del territorio y «escuche» a los ayuntamientos y diputaciones que ya han presentado más de 500 alegaciones al mapa de servicios previsto por la Junta.
Barcones advirtió de que la elaboración del mapa de las unidades básicas de ordenación del territorio (ubost) no puede utilizarse como instrumento para introducir recortes en la prestación de los servicios públicos esenciales.
A este respecto, la secretaria socialista de Política Municipal reclamó un plan de transporte público que garantice el acceso de los habitantes del medio rural a los servicios públicos esenciales, como los centros escolares y los hospitales.
Virginia Barcones, que manifestó la disposición del PSOE de Castilla y León a reunirse con los altos cargos de la Junta «cuántas veces sean necesarias», pidió también la articulación de un fondo autonómico de compensación que posibilite la participación municipal en los ingresos de la comunidad autónoma y que propicie «una financiación suficiente» a los ayuntamientos para que pueda proporcionar los servicios a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles.
Barcones insistió en reclamar el apoyo de la comunidad a las entidades locales, desde «el respeto a la autonomía municipal» y para garantizar la prestación de los servicios esenciales, tras lo que lanzó una advertencia a la Junta: «Los socialistas no vamos a claudicar y vamos a exigir que los servicios públicos se presten en las mejores condiciones».
La secretaria de Política Municipal del PSOE de Castilla y León planteó la necesidad de «un consenso» y ha exigido de la Junta «prudencia» y una «respuesta» a las reivindicaciones de los ayuntamientos y diputaciones.