La Junta asegura que en noviembre se pagará a los proveedores en 30 días
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que su Ejecutivo va a cumplir el compromiso adquirido con el Ministerio de Hacienda para que el retraso medio en el pago a los proveedores se reduzca en noviembre próximo hasta los 30 días, frente a los 94,5 de junio.
Durante la sesión de control al Gobierno de la tarde de ayer en la Cortes, el presidente de la Junta calificó de «muy negativo» el dato reportado en junio respecto al pago de proveedores, aunque informó de que este pago «se ha ido corrigiendo» en los meses siguientes.
De este modo, Herrera informó que en el mes de julio el pago medio a proveedores fue de «91,5 días» y en el mes de agosto de «72,1 días», por lo que «es perfectamente asumible» que en el mes de noviembre estos pagos se «adapten» a lo que exige la ley, es decir, a 30 días, explicó.
Sobre este retraso de los pagos, el portavoz del grupo parlamentario Podemos, Pablo Fernández, se mostró muy crítico con el Gobierno autonómico, a quien acusó de ser el «campeón de la medalla de oro en morosidad en España», clamó.
Según el portavoz, estos retrasos serían los causantes de que en Castilla y León haya «1.653 autónomos menos», ya que las políticas de Herrera son «como el caballo de Atila, por donde pasa no queda una pyme en pie», ironizó Fernández.
Ante estas acusaciones, el presidente de la Junta justificó que ya han puesto en marcha dos medidas «esenciales» para poder corregir el pago a los proveedores, la primera de ellas es una medida por la que las empresas podrán cobrar sus facturas en las entidades bancarias, por un montante de 450 millones de euros, que luego devolverá la Junta a un interés del 0,7 por ciento.
La segunda medida que la Junta ya ha tomado, informó Herrera, es una «emisión de deuda», ya que los retrasos generados a proveedores se deben principalmente a pagos «sanitarios», que son «esenciales e ineludibles», concluyó el presidente.
Maltratadas
El Grupo Parlamentario de Podemos denunció la falta de seguimiento sobre las ayudas que entrega la Junta a empresas que contratan a mujeres víctimas de violencia machista. La procuradora burgalesa Laura Domínguez lamentó que la Administración autonómica haya reconocido en una contestación que no existe un seguimiento sobre el destino de los fondos.