La Audiencia Nacional ratifica la multa de 18 millones a Nuclenor, que recurrirá
La sanción, impuesta por la CNMC, penaliza el cierre de Garoña en 2012 sin autorización.
Central de Santa María de Garoña, en Burgos. DL
efe | burgos
La Audiencia Nacional ratificó la multa de 18,4 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a Nuclenor por cerrar Garoña en diciembre de 2012 sin autorización y antes del final del periodo de explotación de la planta, una decisión que la empresa recurrirá al Supremo. La sanción, impuesta en julio de 2014, fue recurrida por la empresa pero la Audiencia Nacional rechazó el recurso por entender que la compañía debió comunicar con antelación su decisión de cierre y no hacerlo a posterior, días después de que se hubiera producido la parada del reactor y el vaciado de su combustible.
La sentencia de la Audiencia Nacional también ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada en base al 10% de la cifra de negocio que tuvo la central en 2011, que se elevó a 184 millones. Fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.
El organismo regulador notificó la sanción por considerar que se trata de una infracción muy grave porque «no se puede reducir la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica sin la correspondiente autorización». Iberdrola y Endesa decidieron parar Garoña en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica y que, en su opinión, hacía la central «inviable».
Desde entonces, el Ejecutivo ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta el 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad.
El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y dos días después el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.
Según la CNMC, «la decisión de parar el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».
«Seguridad y empleo»
La Junta sostuvo ayer que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», en referencia a los 1.000 trabajadores de la central. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Milagros Marcos, insistió en que «ante todo» debe primar la seguridad de la central, pero si se certifican estas condiciones, el factor del empleo debe llevar a su reapertura.