El Gobierno da luz verde al grupo de expertos que revisará la financiación

efe | madrid

El Gobierno aprobó ayer la creación de una comisión de expertos que se encargará de diseñar el nuevo sistema de financiación autonómica, en la que no quiso estar Cataluña, que será presidida por el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén Manuel González Sánchez. Castilla y León estará representada por el economista leonés Jaime Rabanal, exconsejero del gobierno socialista del Principado de Asturias, que fue designado por el Ejecutivo autonómico el jueves y que cuenta con el apoyo del PSOE.

Según informó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esta comisión está formada en su mayor parte por catedráticos de reconocido prestigio en el campo económico y financiero relacionado con las autonomías y varios de ellos han participado en debates sobre financiación autonómica.

La idea del Gobierno es que las reuniones de la comisión comiencen cuanto antes, ya que se pretende que pueda haber un proyecto de nueva financiación en el plazo de seis meses, para ser remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Méndez de Vigo consideró «paradigmático» que el Govern catalán lleve años quejándose del sistema de financiación y diciendo que Cataluña está «maltratada» y que ahora, que existe un foro para debatir sobre ella y que la situación económica ha mejorado, no acudan. «Este gobierno, con la mano tendida, les pide que vengan», insistió, convencido de que sería mejor poder escuchar las propuestas de la Generalitat en las comisiones de expertos sobre financiación autonómica y financiación local, que discurrirán paralelas.

Tras las reuniones —se pretende que pueda haber un proyecto de nueva financiación en el plazo de seis meses— empezaría la fase política, en la que Méndez de Vigo no ha descartado que puedan incorporarse los partidos políticos, incluido Ciudadanos. Tanto el sistema de financiación autonómica como el local deben basarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.