Resaca de aprendices
D espués de un dieciséis improductivo, lo que llevamos de este diecisiete, con una estación ya merendada, tampoco muestra signos de que la clase política vaya a dejar de mirarse el ombligo para aplicar su atención a los intereses generales. Así que en esas estamos, de primarias en primarias y que siga la bola y que viva Bartola. Las aceleradas primarias populares de Castilla y León, sustanciadas en una semana entre el 10 y el 17 de marzo, tampoco pueden despacharse con las mismas prisas, dando a entender que todo estuvo bien y aquí paz y luego la gloria que haya de venir. Sobre todo, desde León, la provincia que cuenta con uno de cada cuatro afiliados al Partido Popular de Castilla y León. De hecho, la holganza del resultado en las primarias evita una segunda vuelta con la votación de los compromisarios en su decimotercer congreso el 1 de abril. Una votación, por cierto, en la que la representación leonesa hubiera sido del 25%, porque ahí se dan por buenas las cifras doblemente cuestionadas en las primarias.
Aprovechando lo sucedido para tratar de extraer conclusiones más allá del regodeo, la primera pregunta tiene que plantear si son legítimas unas primarias sin debate entre los candidatos. Sometidos por el calendario al recorrido atropellado de las sedes (con alguna anomalía chirriante, como que en Zamora Silván no pudiera dirigirse a los afiliados, teniendo que conformarse con una rueda de prensa), sus comparecencias fueron siempre sucesivas y en ningún caso confrontadas. Y la segunda ha de referirse al desastre censal del Partido Popular en Castilla y León. Una organización que recibe tanto dinero público para su sostenimiento y despliegue territorial, ¿puede tener semejante desbarajuste en su censo de afiliados? El escaqueo del preceptivo debate apunta a la baja exigencia de la prensa, que en este caso es la mediadora informativa de la sociedad. Pero el desbarajuste censal, sostenido con dinero público, concierne directamente a los gestores del Partido Popular, desde su presidente autonómico Juan Vicente Herrera al último de los presidentes provinciales. Porque lo suyo nos cuestan y están obligados a justificar las cuantiosas subvenciones públicas que reciben.
Detrás de estos graves asuntos esenciales brota todo el menudeo de una confrontación imprevista, en la cual quienes mejor han dado la talla han sido los dos alcaldes contendientes: Alfonso Fernández Mañueco, como ganador, y Antonio Silván, como perdedor. Todos los demás han ido quedando como Cagancho en una tarde de biochorno. Pero no quiero despedir el asunto sin plantear un par de perplejidades. La primera: ¿Cómo es posible que en las primarias del principal partido autonómico, destinadas a elegir a quien muy probablemente presidirá el partido y el gobierno de Castilla y León durante los próximos años, ni siquiera voten todos los cargos públicos de ese partido en la Comunidad? Y la definitiva: Quizá todo el barullo deriva de la engañifa de ocultar un enfrentamiento latente, que estos días se ha hecho estruendoso. Entre la tropa partidaria del encumbrado Maíllo y las preferencias de la Junta. Un tajo en el que incluso cuenta la sombra púnica de Isabel Carrasco en León, un legado que explicaría el reparto de votos en las mesas leonesas entre el alcalde de León y el de Salamanca, que al final resultó sobrado vencedor en primera lid.