Empleo destina 112 millones a la Comunidad para políticas activas
El ministerio consigna un total de 1.893 millones entre todas las autonomías, un 5% más.
El consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a la derecha, en un momento de la reunión de ayer. RAQUEL P. VIECO
EFe | Madrid
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha trasladado a las comunidades autónomas que la cantidad a distribuir para políticas activas de empleo en 2017 es de 1.893,3 millones, un 5% más que en 2016, 112 para Castilla y León, aunque el total aumentará a 2.018,2 millones cuando se aprueben los presupuestos de este año.
Durante la celebración de la conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la ministra Fátima Báñez explicó que esa cifra incluye 129 millones para financiar la primera parte del programa de acción conjunto para la mejora en la atención a parados de larga duración en 2017.
Asimismo, según el comunicado remitido por el Ministerio, Báñez informó de que en septiembre España prevé recibir una ampliación de fondos para el sistema de garantía juvenil (dirigido a menores de 30 años que no estudian ni trabajan) de alrededor de 400 millones, cuando sea aprobada por el Parlamento europeo.
Además, avanzó que la certificación de fondos de la garantía juvenil se incorporará este año como objetivo a evaluar del cumplimiento del plan anual de políticas de empleo por parte de las comunidades autónomas.
«El gran objetivo común (CC AA y Gobierno) es poner en marcha nuevos recursos y medidas a favor del empleo (...) que devuelvan al mercado de trabajo a los españoles que están en el paro (...) sin dejar a nadie atrás», ha señalado Báñez a los medios tras la conferencia.
Tarjeta social
En la reunión también se habló de la puesta en marcha de la tarjeta social, con la que se pretende tener un mejor conocimiento de las prestaciones sociales de contenido económico que gestionan las diferentes administraciones y organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, se solicitó a las autonomías que designen a sus representantes para el grupo de trabajo que quedará constituido el 17 de abril. El objetivo es que esta tarjeta esté en marcha en enero de 2018.
En este tema, Báñez destacó que será una herramienta «solidaria» y que, con ella, cualquier ciudadano conocerá las prestaciones que recibe, podrá acreditar su situación y facilitar así su relación con las distintas administraciones y otras entidades. Con esta tarjeta, añadió, las políticas sociales serán más eficaces, habrá más colaboración entre las administraciones y se podrán detectar las situaciones de mayor vulnerabilidad para darles atención preferente.
Respeto al reparto de los fondos, Báñez dijo que el porcentaje de incremento o subida depende del nivel de ejecución y de cumplimiento de objetivos fijados para cada autonomía. «Son criterios puramente técnicos, en ningún caso políticos», subrayó cuestionada por la bajada de Andalucía, la única que refleja un descenso de los recursos.