Diario de León

El Gobierno descarta anticipar su informe sobre el futuro de Garoña

El Ejecutivo se opone a rebajar las cargas fiscales que soporta el sector desde al año 2013.

Vista del exterior de la central nuclear de Garoña. NUCLENOR

Vista del exterior de la central nuclear de Garoña. NUCLENOR

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J. M. Camarero | Madrid

La guerra empresarial declarada entre Iberdrola y Endesa a cuenta de la central nuclear de Garoña no va a modificar la posición del Gobierno, al se dirigen todas las miradas para desencallar el conflicto. El Ejecutivo mantiene tanto los tiempos para tomar una decisión sobre el futuro de la planta, como los impuestos que ahora soporta el sector, establecidos desde 2013.

El Ministerio de Energía insiste en que tiene plazo hasta el 8 de agosto para emitir el informe definitivo con el que el departamento dirigido por Alvaro Nadal podría autorizar el reenganche de la planta a la red, o su desmantelamiento. Por ahora, «ninguna circunstancia ha cambiado» como para anticipar prematuramente sus conclusiones, según indican fuentes gubernamentales. Energía se dio seis meses para estudiar el caso, después de que el 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordara su reapertura siempre que la empresa propietaria, Nuclenor —donde Iberdrola y Endesa comparten el 50%— cumpla los requerimientos fijados para poder hacerlo. Aunque el CSN nunca ha puesto cifras sobre la mesa, fuentes de la compañía indican que haría falta inyectar unos 200 millones, aparte de los 330 que ya se han invertido en los últimos años.

Los expertos han destacado que si se cumplen los requisitos de seguridad, la central burgalesa podría estar en funcionamiento, tal como quería en unprincipio Nuclenor, hasta 2031, cuando alcanzaría los 60 años de vida.

La inmovilidad del Gobierno también llega desde el Ministerio de Hacienda, el encargado de aprobar, modificar o suprimir los impuestos que gravan al sector. Y ello a pesar de las quejas que tanto Iberdrola como Endesa han puesto sobre la mesa. Hacienda «no se plantea» modificar los tributos que gravan la actividad de estas instalaciones, así como los que pagan por los residuos generados en esas plantas.

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