Greenpeace cree en el futuro del empleo en Garoña
Considera que el desmantelamiento dará trabajo «durante quince o veinte años».
La central de Garoña deberá ser desmantelada. DAVID AGUILAR
efe | burgos
La portavoz de Greenpeace para asuntos nucleares, Raquel Montón, cree que los trabajadores de la central de Santa María de Garoña tendrán su futuro «asegurado» para varios años pese al cierre definitivo de la planta atómica.
En declaraciones a Efe, Montón cree que la plantilla directa de la planta, algo más de doscientos trabajadores, podrá acogerse a jubilaciones o traslados.
La situación es más complicada para los doscientos empleados de empresas subcontratadas por Nuclenor, la propietaria de la central de Garoña, aunque la portavoz ecologista se ha mostrado convencida de que los servicios que prestan encajan en su mayoría con tareas que se tienen que seguir realizando durante el desmantelamiento, que puede prolongarse «durante quince o veinte años».
Raquel Montón ha recordado las conclusiones del estudio que Greenpeace encargó a una consultora, que estimó que el cierre de todas las nucleares españolas generaría unos 100.000 puestos de trabajo durante los años que durara su desmantelamiento.
En su opinión, el principal problema de un supuesto de este tipo es que el fondo que se creó para que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) asuma el desmantelamiento y al gestión de residuos radiactivos no comenzó a nutrirse con fondos de las eléctricas propietarias y ahora es «claramente insuficiente».
En este sentido, ha aludido al contenido del Plan General de Residuos Radiactivos, que «se aprobó en 2006 pero caducó en 2010, por lo que ha quedado obsoleto y tendría que actualizarse», ha dicho.
El plan estima que el coste de desmantelamiento y gestión de residuos de las plantas nucleares españolas costaría 20.200 millones de euros, mientras que el fondo creado para estas labores está dotado en este momento con menos del treinta por ciento de esa cantidad.
La portavoz de Greenpeace en materia nuclear ha precisado que el coste total se estimó considerando que la actividad de las centrales nucleares terminara a los cuarenta años, por lo que si se alarga su vida útil se incrementará el volumen de residuos y, por tanto, el coste, en una cantidad «imposible de precisar en este momento».
En su opinión, son las eléctricas propietarias de las centrales nucleares, Iberdrola y Endesa en Garoña, las que deberían asumir los costes de desmantelamiento y gestión de residuos, porque son las que obtuvieron beneficios por su funcionamiento.