El Pleno apoya la nueva ley que agiliza la creación de cooperativas y crea empleo
En Castilla y León existen 2.102 sociedades agrarias que dan trabajo a más de nueve mil personas.
Juan Vicente Herrera conversa con José Antonio de Santiago-Juárez y Carlos Fernández. NACHO GALLEGO
ical | valladolid
La nueva ley de Cooperativas de Castilla y León, aprobada ayer por unanimidad del pleno de las Cortes, reduce y simplifica trámites para facilitar la creación de estas sociedades en un mercado competitivo y como factor dinamizador para la creación de empleo de calidad, así como para fijar población en la Comunidad.
El texto presentado por la Junta concitó el consenso de los grupos, pese a que en el pleno desgranaron 38 enmiendas vivas de distinto contenido, de las que sólo se aceptó una del Grupo Socialista. Fueron 56 las registradas, pero dieciseis tuvieron encaje en Comisión. Entre las debatidas en el plenario, se solicitó una mayor información a los socios a través de las nuevas tecnologías.
Ley participativa
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, defendió en su presentación que se aprueba una ley «participativa» que mejora el inicial con incorporaciones de enmiendas de los grupos y aportaciones de los sindicatos y del sector, como Urcacyl, para hacer un «proyecto mejor». Carriedo afirmó que se mejora el funcionamiento de las cooperativas, se simplifican y reducen cargas administrativas y trámites, se efectúa una modernización administrativa y se recogen mejoras y una normativa más clara.
Fernández Carriedo puso en valor la economía social y las cooperativas y resaltó que la destrucción de empleo por la crisis fue 6,6 puntos inferior en el primer caso y 12 en el segundo respecto del resto de empresas. Además, reseñó que en Castilla y León existen 2.102 cooperativas que dan empleo a 9.231 personas.
El consejero resaltó diez modificaciones del «ambicioso texto» como la ampliación de 2.000 a 3.000 euros el capital social mínimo de las cooperativas, la consideración positiva del silencio administrativo, la creación de la categoría del «socio de servicios», la modificación de competencias para agilizar la toma de decisiones, la legalización electrónica de los libros de cuentas, la reducción y simplificación de procedimientos, la garantía de la pervivencia de las cooperativas de trabajo con dos socios, la protección social, la creación de la «cooperativa integral» y garantizar su solvencia y liquidez.