La Comunidad será en 2020 un territorio sin escombreras

j. a. | valladolid

Castilla y León será en 2020 un territorio libre de escombreras con el sellado de un total de 2.263, una vez que la Junta ha logrado clausurar todos los grandes vertederos, 556. Este plan, iniciado con las diputaciones, supondrá un desembolso total de 26 millones para que en dos años la Comunidad no tenga estos puntos de depósito y disponga de un sistema organizado de recogida de escombros y desechos, que eviten que reaparezcan en el futuro.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que los plazos iniciales de este proyecto, que calificó de «complejo», se han dilatado por lo que no será hasta 2020 cuando el sellado de las escombreras y la puesta en marcha del sistema de recogida esté rematado.

Suárez-Quiñones remarcó que en 2019, cuando finaliza la legislatura, el plan estará «absolutamente avanzado» para que en el ejercicio siguiente, el nuevo gobierno, lo deje «prácticamente ultimado». Esta actuación, que persigue una «Castilla y León con cero escombreras», supondrá una inversión de diez millones para la Junta y de 16 para las nueve diputaciones provinciales.

La Consejería se encarga de los trabajos de clausura, rehabilitación y naturalización de la zona afectada por el vertido, mientras que las diputaciones tienen encomendado el establecimiento de un servicio de recogida por parte de gestores adecuados de los residuos. «Si alguien fue a dejarlos allí es porque no tenía otro lugar donde hacerlo», reflexionó.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente puso en valor el compromiso de la Junta que recordó solo tiene en esta materia competencias inspectoras y sancionadoras. En concreto, señaló que le corresponde a las entidades locales evitar que se produzcan vertidos en el medio natural, lo que se logrará en 2020, después de que la nueva Ley de Contratos, que entró en vigor en marzo, haya complicado la adjudicación de los trabajos.

Precisamente, a finales de julio, se selló el último convenio, en este caso con la Diputación de Burgos, para la ejecución del Programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la Comunidad de Castilla y León, que aprobó el Consejo de Gobierno en febrero de 2017, con una inversión por parte de la Administración autonómica de 9,6 millones.

El programa también prevé otras líneas de actuación orientadas a disuadir y evitar que los depósitos de residuos vuelan a formarse en Castilla y León, con acciones de educación ambiental, sensibilización y difusión de la información, complementadas con actividades de asesoramiento, impulso, coordinación y control en los municipios.

La Junta de Castilla y León ha invertido unos 260 millones de euros en las infraestructuras de gestión de residuos, lo que le ha permitido contar con 12 centros de Tratamiento de Residuos Domésticos, 50 plantas de Transferencia de Residuos, diez depósitos de rechazo, tres plantas de clasificación de envases, además de numerosos puntos limpios. A este se suman otros 126 millones para el sellado de 556 vertederos.