La Junta abatirá más lobos al sur del Duero para proteger a la ganadería

Suárez-Quiñones admite que algunos ganaderos se están marchando en provincias como Ávila.

Un ejemplar de lobo en la provincia de Zamora. MARIAM A. MONTESINOS

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León

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j. a. | valladolid

La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso «firme» de aplicar medidas de control, es decir, de abatir ejemplares de lobo al sur del Duero, donde la especie está protegida y no se puede cazar, para frenar los ataques que sufren los ganaderos, puesto que se ha generado una situación «no tolerable». Ésta posibilidad, que recalcó figura en la Directiva Hábitat, trata de «minimizar» los daños provocados.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expresó la voluntad de su departamento de hacer frente a la situación que provoca una población «densa» de lobos, que han pasado de conformar un grupo de 400 ejemplares a los 2.000. «Tan mal no lo estaremos haciendo», apostilló sobre los planes de protección y gestión de esta especie.

En ese sentido, el titular de Medio Ambiente explicó que la Junta protege al lobo, no solo porque están concienciados sobre su conservación, sino porque también es una obligación legal y de la normativa europea, nacional y de Patrimonio Natural de Castilla y León. Recordó que el lobo tiene dos regímenes jurídicos por normativa europea, de forma que solo es cazable al norte del Duero.

«El lobo al sur del Duero no se caza, se protege y únicamente cuando lo dice la propia directiva europea, a ver si queda claro, habrá posibilidad excepcionalmente de actividad de control, es decir de acabar con ejemplares de lobos, cuando la existencia de daños, exija prevenir esos daños a la ganadería», explicó.

Asimismo, Suárez-Quiñones aseguró que estrictamente en el sur se aplican medidas de control «responsables» y «ordenadas» por la Administración autonómica con informes técnicos, donde la compatibilidad con otras actividades «relevantes» no se pueda llevar a cabo, como a su juicio ocurre en Ávila. En esta provincia, en lo que va de año se han duplicado los daños a la ganadería extensiva respecto a 2017. «Los ganaderos están sufriendo una situación, francamente, no tolerable», dijo.

Insistió en que la Junta ha mejorado la gestión de las compensaciones por esos daños, que han pasado de tramitarse en un año a 25 días, como las cantidades, que aseguró son ahora «más razonables y ajustadas» al perjuicio causado. «Eso no es lo que el ganadero quiere, el ganadero quiere explotar su industria y seguir viviendo sin que la administración le compense por esos animales muertos, sino que estén vivos y que puedan generar riqueza, empleo y ese círculo industrial».

«Se nos llena la boca de luchar contra la despoblación, pues hay que tomar medidas efectivas», exclamó el consejero, quien ratificó la voluntad de mantener las políticas de control, cumpliendo estrictamente la normas europeas. «Por lo tanto seguimos con la actividad de control al sur del Duero estrictamente cumpliendo la normativa pero tratando de bajar y minimizar esos daños, que es lo que pretende», apostilló. Además, advirtió de que la propia Unión Europea está preocupada por la situación generada.

«Están equivocados algunos movimientos ecologistas absolutamente vinculados a una visión unilateral de las cosas. Si la población se marcha, es lo peor que podemos hacer para la conservación del medio rural porque se embastecerá, se quemará, se poblará de fauna salvaje que se infectará y habrá un desastre natural porque el hombre es un regulador de la naturaleza y en ese sentido es el elemento esencial para la conservación del medio natural y de las especies», afirmó.

Por tanto, el consejero abogó por buscar un equilibrio entre la ganadería y la conservación, partiendo de la base de que el lobo tiene la mayor población europea en Castilla y León, con unos 2.000 ejemplares, lo que contradice a su juicio los «ataques» de algunas asociaciones ecologistas, que precisó no tienen implantación en la Comunidad.

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Al norte del Duero, recordó Suárez-Quiñones, el lobo se puede cazar de forma «ordenada», con criterios «técnicos», en virtud de unas normas, que reconoció han sido recurridas, y aunque las sentencias no son firmes, aseguró que la Junta ha incorporado sus criterios con «máximo respeto».