Las Cortes aprueban por unanimidad subir el sueldo un 0,25% a los funcionarios

La convalidación también autoriza eliminar la limitación para el abono de las retribuciones por incapacidad temporal.

Silvia Clemente en su primera foto de twitter. DL

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León

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ical| valladolid

Los grupos parlamentarios de las Cortes aprobaron ayer por unanimidad la convalidación del Decreto Ley 3/2018 de 30 de agosto por el que se da luz verde a una subida salarial del 0,25 por ciento para los empleados públicos de Castilla y León, además de que se eliminan las limitaciones para el abono de la totalidad en las situaciones de incapacidad del personal. Así se materializa después de que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros acordara este mismo aumento una vez verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

En el artículo 1, el Decreto-ley recoge, por grupos y subgrupos, las cuantías en las que se van a incrementar las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos desde el 1 de julio de 2018, en los conceptos de sueldo y trienios, paga extraordinaria de diciembre y complemento de destino.

Incremento del 0,2

A su vez, la norma posibilita la autorización de un incremento de un 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

Este nuevo texto legal también elimina las limitaciones para retribuir al 100 por ciento las bajas en caso de incapacidad temporal, una vez que se han eliminado en la legislación básica estatal. Todos los grupos políticos respaldaron esta convalidación. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador David Castaño recordó el «esfuerzo» que desarrollan los empleados públicos que han tenido que «cargar» con los efectos de la crisis económica, aunque lamentó que esa subida no compense la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante estos años. Además, insistió en que todavia queda por abordar otros aspectos, como es el caso de la jornada laboral.

Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, Natalia del Barrio trasladó el apoyo por el hecho de la «mejora» que supone este incremento para la función pública. Aludió a la necesidad de referirse a la «transparencia» de la Junta en materia de función pública y lamentó el «desbarajuste» existente y que, a su juicio resulta «tremendamente grave».

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El procurador socialista Martín Benito estimó que se trata de «un tema importante» y no ocultó el «cansancio» de los empleados públicos después de haber tenido que soportar «penalidades» y de «cargarse la crisis a sus espaldas», por lo que consideró que esta subida es «de justicia». De la misma manera, reclamó el papel «vital e imprescindible» de los empleados públicos que, sin embargo, continúan esperando la publicación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), de la convocatoria del concurso de traslados o de las gratificaciones «tan excepcionales como opacas».