Arqueo de indolencias
C uando parecía que ya septiembre iba a calmar la erupción de sobresaltos, en medio de la que habíamos abordado el descanso de agosto, su estreno no va dejando día sin alboroto, de manera que ya metidos en el frenesí, resulta complicado reclamar el discernimiento de la ponderación. Arrastramos de la temporada pasada el pasimisí cajero del juez Muñiz Tejerina, adoptado el 6 de marzo de 2018, respecto al sospechoso manejo de los consejeros políticos, sindicales y empresariales que dejaron desguazada y para el arrastre la entidad de ahorros Caja España. Un aparta de mí este embrollo interpretado como decisión precipitada de quien aterriza en un juzgado y deshoja la colección de asuntos heredados, sin aplicar el sosiego que requiere el descarte de los más endiablados. Aquel pasimisí precipitado se convirtió en un pasote, porque el resuelto Muñiz Tejerina no sólo se enfrentaba a la acusación fiscal, sino que también y de paso corregía un auto del 9 de enero de 2017 de la propia Audiencia Provincial de León, donde otra vez sus magistrados se habían puesto farrucos con la pretensión de archivo de la causa por parte de los consejeros investigados, «que debe merecer un rechazo absoluto». Cita y fecha textuales, bajo juramento de no estar ebrio ni cultivar alucinaciones. En el año judicial de la Manada habrá que especular si el cauce del Arga pamplonica pudo extraviarse en Puente la Reina para fluir por la ruta jacobea, extendiendo unos lamparones capaces de acreditar con su mancha la sabia intuición barojiana, cuando apreció una insalvable contradicción entre los términos pensamiento, Justicia y Navarra.
Suceda a partir de ahora lo que suceda en el procedimiento cajero, de la revocación de la Audiencia leonesa (que no ha tenido pudor en corregirse a sí misma, volviendo a enhebrar como colgante de su auto un pomposo y severo reproche a la parte acusadora, por tener la coherencia de recurrir), se deduce el triunfo chirriante de la indolencia judicial. Porque en todo este trajín, organizado con la pretensión de sustanciar las responsabilidades de un mordisco cifrado en más de sesenta millones de euros pulidos en la juerga del compadreo, topamos con la reprimenda turulata de la misma Audiencia leonesa, que hace veinte meses rechazó el archivo y ahora lo embolsa con esparavanes de parvulario.
Supongo que desatinos tan flagrantes y chuscos agitarán la pauta de unas estancias habilitadas para impartir justicia sin precipitación ni temeridad. Pero, sobre todo, han de servir para que un tribunal superior corrija estos caprichos, permitiendo sancionar la administración desleal de unos consejeros, que en su toma y daca con el primus inter pares Santos Llamas malbarataron la millonada que arrastró la entidad a la ruina.
Los impositores de esta tierra tienen bien identificados a los responsables del derrumbe, así como el paisaje que dejaron después de su verbena. Su director general Lagartos confió a los parlamentarios cómo la bola de los créditos desatendidos por Llamas provocó un toque a rebato en la entidad urgido por el sálvese quien pueda. Una estampida cuyo tumulto aprovecharían los pillastres para salvar el pellejo quedando bien servidos.
Los manejos de aquel toma y daca acaso no se desvelen nunca, porque la Justicia ha decidido de momento hacernos pagar a todos su ineficiencia, declarando prescritos los aparentes delitos.
Ojalá no se resignen ni la fiscalía ni la acusación y sigan recurriendo a instancias superiores, que permitan conocer el tráfico de créditos temerarios, así como el reparto inmobiliario hasta ahora oculto que avalaron aquella lluvia de millones para el patrón.