«La Junta no ha creado en siete años una alternativa al carbón»

V.A/ J. A. | VALLADOLID

Superados los 100 días en el cargo con una intensa agenda, la delegada del Gobierno en Castilla y León defiende el giro social recogido en el acuerdo de presupuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde no contempla otro escenario que no sea su aprobación. Virginia Barcones (Berlanga de Duero, Soria, 1976) apela a la colaboración institucional y advierte de que han venido a resolver problemas de los ciudadanos y no van a «perder un minuto en excesos verbales», que admite que se han producido por la Junta. Confía en que la anunciada estrategia contra la despoblación se presente en primavera y destaca el trabajo conjunto en la crisis de Vestas para buscar una alternativa industrial.

—¿Qué ha cambiado en la vida de los ciudadanos, y en concreto de los castellano y leoneses, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno?

—El cambio fundamental es volver a un Gobierno que pone a los ciudadanos y sus necesidades en el centro de la acción política. Un Gobierno social con una clara vocación de recuperar derechos y de eliminar todos los recortes tan brutales, que encima han afectado de una manera especial a aquellos colectivos que eran más vulnerables. Hemos empezado dando pasos muy importantes que en este proyecto de presupuestos, que hemos remitido a Europa. Es decir, todo un paquete de medidas sociales importantísimas. Al final, las personas en el centro de la acción política recuperando derechos y eliminando esos recortes tan brutales que tanto han dañado.

—Habla de eliminar recortes, pero en algunas críticas al Gobierno de la oposición, ¿existe algún trato de favor a comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía a través de negociaciones bilaterales.

—Algunas de las críticas políticas que estamos viendo desde luego responden a una muy baja lealtad institucional. El partido que ahora está en el Gobierno ha sido tremendamente leal con este país y con las circunstancias que en cada momento se han venido determinado. Me sorprende porque estas y otras críticas en algunos momentos resultan casi hasta cuestiones muy manidas.

—Se ha hablado de cantidades concretas en esas reuniones bilaterales, como 1.459 millones en infraestructuras pendientes en Cataluña. ¿Hay una cifra así en el caso de Castilla y León?

—Igual que se ha hecho con otras comunidades se repasarán las necesidades que tiene Castilla y León. Pero lo que puedo garantizar es que el compromiso que ha mostrado el Gobierno de España con esta Comunidad es incuestionable.

—En caso de que no hubiera cuentas estatales, ¿cómo afectaría a Castilla y León?

—Hemos calculado qué incidencia tendría en esta Comunidad las medidas que han sido presentadas. En la actualización de las pensiones conforme al IPC 611.938 personas se verían beneficiadas; la subida del tres por ciento a las pensiones mínima y no contributivas 195.568 ciudadanos; el aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad casi 8.000 padres; la recuperación del 125 por ciento de la cotización del subsidio casi 17.000 personas; la recuperación del subsidio para más de 52 años 2.213 personas; el incremento hasta 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional a 72.000 castellanos y leoneses. Y la universalización de la escuela para niños de cero a tres años 50.326 beneficiados. La parte social, esas grandes cifras, tienen cara, tienen nombre y apellidos en esta Comunidad.

—¿Están satisfechos con la colaboración del Gobierno y la Junta en la crisis industrial de Vestas?

—Teníamos claro que teníamos que trabajar las administraciones juntas, de la mano de los sindicatos y del comité de empresa. Se trató en primer término de que la empresa no se fuera, pero pudimos ver cómo no existía ninguna herramienta legal para impedirlo. Por ello, se apostó por el trabajo coordinado para hacer entender a la compañía de que tenía que asumir su responsabilidad social. Lo importante era no perder el empleo y la capacidad productiva. En ese sentido el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa para ordenar la salida y para garantizar que se pudiera buscar otro industrial. Nosotros hemos trabajado en todo momento de la mano y conjuntamente con la Junta de Castilla y León y seguimos haciéndolo.

—¿Está más cerca la solución?

—Desde el Gobierno de España siempre nos ha gustado ser mi prudentes, porque también hay que administrar las expectativas de la gente. Sabemos que son procesos muy complejos y que tienen muchas aristas, lo que no quita para que no hayamos perdido ni un segundo de trabajo y para que se estén analizando todas las posibilidades. El Gobierno va a poner a disposición de cualquier industrial que tenga un proyecto solvente todo el acompañamiento existe, en colaboración con la Junta. Yo soy optimista por naturaleza.

—La Junta ha criticado la falta de alternativas en el acuerdo suscrito por el Gobierno con los sindicatos en materia de minería.

—Si el diálogo social es bueno, el diálogo siempre es bueno. Lo que ha hecho el Gobierno de España es diálogo social. Me sorprende, porque si echamos la vista atrás, veremos como había 5.000 mineros, luego 3.500 y ahora no llegan a 350. Es preocupante que todo este tiempo, estos siete años, en vez de haber estado generando esas alternativas, porque las obligaciones con Europa eran conocidas, esa transición no se haya hecho. El Gobierno ha sido responsable con Europa y con la normativa, pero sobre todo ha caminado hacia esa transición justa, que tiene dos partes, la social, los trabajadores, y el territorio, para buscar esas alternativas en la que se está trabajando y se van a llegar acuerdos. Vamos a hacer lo que se debería haber hecho hace tiempo, que es poner recursos para generar esa alternativa.

—¿Cómo recoge el Gobierno la acusación de la Junta de haber enterrado la minería?

—En estos cuatro meses, yo he tenido como bandera la colaboración institucional. Todo lo que sea bueno para Castilla y León yo lo voy a promover e impulsar, pero desde el primer día me he visto sometida a excesos verbales por miembros de la Junta de Castilla y León. Desde luego por parte de los representantes del Gobierno de España no van a oír estos excesos verbales. Hay que ser responsables y hay que gobernar.