Una red para recuperar las inmatriculaciones de la Iglesia

Efe | ZAragoza

Cargos públicos y colectivos ciudadanos de toda España han acordado unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos que permitan recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica.

Así lo han decidido en una reunión celebrada este fin de semana en Zaragoza convocada por la Coordinadora Recuperando y que ha congregado a cerca de medio centenar de representantes públicos de una treintena de municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco. Se trata de la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública, recuerdan fuentes de la coordinadora en una nota de prensa. La reunión fue inaugurada ayer por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento de la capital aragonesa en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como ha sido el caso de la catedral de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o el templo de San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado. El alcalde zaragozano apeló a los gobiernos autonómicos y al ejecutivo central «para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía». Los cargos públicos, explican dichas fuentes, se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento en que el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la Iglesias al amparo del 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado. Según recuerda la Coordinadora, la propia Conferencia Episcopal ha reconocido la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma del Gobierno de José María Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda.