OPINIÓN: Pueblos sin cobertura

Con un retraso de siete años, por fin alguien leyó los compromisos de las operadoras tecnológicas, contraídos en la subasta de 2011, y ha puesto plazo inminente para el despliegue de una red de telecomunicaciones que garantice el acceso a internet en los pueblos a una velocidad mínima de 30 megabits por segundo. Según el INE, todavía un veinte por ciento de los hogares de Castilla y León carecen de acceso a este servicio, tan esencial o más que las grandes infraestructuras asfálticas y ferroviarias, que los políticos jalean a voces.

Pues resulta que ya lo teníamos pagado, pero los alipendes ministeriales miraban para otro lado, con tal de no molestar a las concesionarias en deuda. En realidad, no sólo miraban para otro lado, sino que parecían dispuestos a volver a pagar con el dinero de todos un sucedáneo del servicio ya contratado hace siete años, a cambio de festejos propagandísticos, como el organizado a Mariano Rajoy en Teruel el pasado marzo con la enseña de Plan 300 x100 y un colgante presupuestario de 525 millones de euros.

Venga a regar con millones, y que no pare de verter la aceitera, que ya sabrán los listos aprovechar lo que sobre. Este fue el panorama hasta ayer mismo, cuando llegó a la Secretaría de Estado para el Avance Digital un responsable comprometido con el decoro de la gestión pública, Francisco Polo, para amortizar al santanderino Lassalle, dedicado en cuerpo, alma y con todos sus afanes a decorarse como pensador liberal. Lassalle fue antes Secretario de Estado de Cultura con el infame Wert y pareja de la actual ministra Batet. Su ocupación nunca estuvo en aplicar los compromisos de la llamada Agenda Digital, sino otros más líricos, y por eso desplazó a Rajoy hasta Teruel a pregonar el invento del 300 x 100, que escondía 525 millones de cucaña.

Este pensador posmoderno sostiene que para salir de la crisis en que estamos inmersos, urge recuperar la virtud y los valores, tarea en la que, según él, nadie iguala a los liberales de la aznaridad. El objetivo de aquella expedición turolense al núcleo de la España vacía fue «extender la banda ancha a todos los municipios españoles antes de 2021, para conectar al 95% de la población». Con un olvido decisivo: que el pago a Telefónica, Vodafone y Orange estaba hecho desde 2011, cuando recibieron las licencias de cuarta generación (4G) de telefonía móvil, obligándose a costear sin más ayudas públicas la extensión de la banda ancha veloz a los millones de personas que sobreviven en el ámbito rural español.

Después de publicarse, en el boletín oficial del 8 de noviembre, la orden ministerial que activa este plan, las operadoras tecnológicas ya han contratado a Aptica, empresa consultora especializada en la implantación de redes de telecomunicaciones, para que diseñe el reparto territorial de municipios entre el trío operativo obligado a dar cobertura, cuidando evitar con esmero que esta parcelación pueda dar como resultado el establecimiento de monopolios rurales que dificulten la competencia en el mercado minorista. Un despliegue en el que las operadoras utilizarán la tecnología móvil, que es la más barata y rápida de instalar, para corregir una deuda cuya demora vino ocasionada por el retraso hasta 2015 de las televisiones en el desalojo de frecuencias.

Un recordatorio final. Queda todavía por escrutar el destino de las ayudas millonarias a las eléctricas para reducir emisiones de sus centrales térmicas, que nos disponemos a clausurar sin antes echar cuentas. Y pareciera más razonable que la transición ecológica se haga revisando cobros e inversiones, para evitar que los mismos de siempre sigan tomándonos el pelo y embaulando millones.