El Ejecutivo presentará en breve la Estrategia sobre el reto demográfico
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, mantuvo el compromiso del Gobierno de presentar antes de que termine la legislatura la Estrategia sobre el reto demográfico y precisó que en las reuniones con los consejeros autonómicos del ramo y la comisionada «ha salido» la propuesta de las comunidades, como Castilla y León, Aragón o Asturias, de que se recoja una fiscalidad positiva para el mundo rural.
En la reunión no se abordó la reforma de la financiación autonómica, porque, como explicó De Santiago-Juárez, su negociación corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Batet afirmó que de haber salido se habría dicho que su revisión será en un foro multilateral.
No obstante, indicó que existe un grupo de trabajo operativo para avanzar en la reforma y subrayó que, aunque sabían de la dificultad de culminarla en esta legislatura, es importante que se siga con el trabajo para abordarlo en el próximo mandato.
Otro de los asuntos de la reunión se refiere a los habilitados nacionales –secretarios interventores- en las entidades locales, que supone un problema en Castilla y León con un 64 por ciento de las entidades menores de España, como recordó la ministra, si bien la convocatoria de elecciones deja pendiente la reforma de la ley de Bases de Régimen Local.
Por último, la minsitra valoró la colaboración y cooperación mantenida en estos meses por el Gobierno central con la Comunidad de Castilla y León y se refirió a algunas reuniones entre ministros y consejeros, así como a la «intervención decisiva» de Reyes Maroto (Industria) para dar una solución a la crisis de Vestas.
El viocepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, expresó la voluntad del Ejecutivo autonómico de haber podido modificar partidas para haber avanzado, por ejemplo, en el proyecto de Escuelas Conectadas.
La idea, de la que ya hablaron en su encuentro de noviembre pasado los presidentes de ambos gobiernos, Pedro Sánchez y Juan Vicente Herrera, era ampliar el convenio existente para que el Estado pudiera dedicar 50 millones de euros más a la extensión de banda ancha rural y la Junta otros 25 millones.
Aunque el vicepresidente reconoció que la Administración autonómica estaba dispuesta a aportarlos en el presente ejercicio, descartó incorporarlos si no hay un convenio con el Gobierno central en este sentido.