«Las medidas para el déficit no afectarán a los servicios públicos»
El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó ayer que las medidas correctoras que debe adoptar la Comunidad para cumplir con el objetivo de déficit al cierre del ejercicio económico de 2019 no van a afectar al funcionamiento de los servicios públicos, en particular de los departamentos de Sanidad, Educación y Familia. Igea respondió así ante las preguntas de los posibles ajustes que deberá hacer la Junta para cumplir con el requerimiento del Ministerio de Hacienda, que fijó el déficit de 2019 en el 1 por ciento del PIB.
Al respecto, reconoció ajustes para cumplir con la senda de estabilidad marcada por el Gobierno, si bien afirmó que no afectará a los servicios básicos, pero insistió también en ligar su cumplimiento a contar con los ingresos que debe transferir el Gobierno del sistema de financiación, cuya estimación por la Junta es de 440 millones en las entregas a cuenta y liquidación del IVA de 2017. Precisamente, por cumplir con el déficit, la Junta retrasa ahora la aplicación de la jornada de las 35 horas en la Administración de la Comunidad, pactadas con los sindicatos en mayo, a los que se comunicará esta decisión en una reunión, si bien Igea precisó que el ajuste no será de los 440 millones, aunque no dijo más. Además, criticó a la oposición socialista por su voto en contra en las Cortes a la proposición de ley, firmada por el PP, en la que instó al Gobierno a que trasfiera a la Comunidad los 440 millones procedentes de la financiación autonómica y la liquidación del IVA de 2017. «La cuadratura del círculo es imposible», siguió en la argumentación de la necesidad de contar con los recursos que se deben transferir y de un presupuesto.