La Comunidad autorizó desde 2015 la retirada de 23.000 toneladas de amianto
En 2016 se trabajó sobre 10.000, de las que casi 8.000 eran suelo contaminado con este material
Placas de amianto retiradas de una construcción en la provincia de León.
En los últimos cinco años, desde 2015, las obras de reforma o demolición y la sustitución de cubiertas de uralita y conducciones de agua de fibrocemento han permitido retirar del conjunto de Castilla y León 22.728,31 toneladas de amianto, sobre todo por placas, según los datos facilitados por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
De ellos, casi la mitad, 10.333,51, se registraron en 2016, un año en el que, según han recordado desde la Junta, se sacaron 7.664 toneladas de suelo contaminado con este material en el marco de la construcción de la nueva estación del AVE de Medina del Campo (Valladolid) .
Así, en los años 2019 (3.414,65) y 2018 (3.423,63) se ha extraído una tercera parte de la misma sustancia que el pasado mes de febrero obligaba a paralizar el desescombro del derrumbe en un vertedero de Zaldibar (Vizcaya).
Menor fue aún la cantidad retirada en los años 2015 y 2017 con 2.834,15 y 2722,37 toneladas, respectivamente.
Pese a tratarse de una cuestión medioambiental y de salud pública, las autorizaciones para los planes de trabajo que conllevan el contacto con estructuras que contienen amianto dependen en Castilla y León de la Consejería de Empleo e Industria.
En este sentido, según las estadísticas manejadas por el departamento del que es responsable Germán Barrios, en un lustro se han activado 2.007 proyectos -presentados por un total de 740 empresas- para la retirada, el procesamiento, el transporte y el depósito en vertedero autorizado de estos residuos a empresas especializadas.
El 64 por ciento, un total de 1.285, han sido específicos, mientras que el resto, hasta 732, han sido planes únicos de carácter general.
En este último caso, y ante la aparición de imprevistos, la empresa cuenta con la autorización previa tras comprobarse que el procedimiento de trabajo que se va a aplicar incluye todas las medidas y requisitos necesarios.
Durante este proceso es fundamental no fraccionar el producto, ya que la liberación de las microfibras no se produce salvo en caso de rotura. Es la exposición continuada a las fibras de este mineral la que puede provocar problemas respiratorios, pudiendo causar, si se prolonga en el tiempo, cáncer de pulmón, mesotelioma maligno y asbestosis.
«Ante una avería en la red de abastecimiento de agua por rotura de tuberías de fibrocemento, si la empresa tuviera que elaborar un plan específico tendríamos a la población sin agua durante toda la tramitación», según precisaron.
Por provincias, Zamora se sitúa a la cabeza con 435 planes activados desde 2015. Le siguen Valladolid (308) y León (307) con cifras similares. Por detrás se sitúan Burgos (259), Salamanca (258), Segovia (153), Palencia (124), Ávila (94) y Soria (69).
En 2019 se activaron 495 de estos planes, una cifra que ha crecido de manera progresiva ya que en 2018 se contabilizaron 471 frente a los 429 de 2017, los 405 de 2016 y los 207 de 2015.