Fuertes críticas al Gobierno por el fin de los peajes en el año 2029
CC OO de Ávila y la asociación Centaurea ven «decepcionante» el acuerdo del último Consejo de Ministros estableciendo que la concesión administrativa de los peajes de la AP-6 (Villalba-Adanero) y su conexión con Segovia y Ávila a través de la AP-61 y AP-51, concluya el 19 de noviembre de 2029.
Ambas organizaciones recuerdan en un comunicado de prensa que esta concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, iniciando su actividad el día 19 de noviembre de 1999, siendo presidente del Gobierno, José María Aznar, con el abulense Ángel Acebes entre sus ministros.
Consideran que «no hay que olvidar el papel cómplice de aquellas organizaciones e instituciones que con su aprobación o silencio lo hicieron posible».
Tras recordar cómo «se opusieron desde el principio», CC OO y Centaurea subrayan que consiguieron con su denuncia ante la Comisión Europea «la histórica sentencia» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2010, declarando «ilegal» la adjudicación de 1999 por «vulnerar diferentes directivas europeas».
UNA IGNOMINIA
En este contexto, han sostenido que «siempre» consideraron que el 29 de enero de 2018 la AP-6 «debería haber pasado a manos del Estado para su gestión pública, manteniendo el conjunto de sus trabajadores y sus condiciones».
Desde su punto de vista, tras la sentencia del TJUE «la única concesión legalmente vigente que quedaba era la que se otorgó en 1968 a Iberpistas por 50 años».
Para ambas organizaciones resulta «lamentable» que, con el fallo del alto tribunal europeo, «los gobiernos sucesivos no hicieran nada para cumplir dicha sentencia» y que «solo la perseverancia de Comisiones Obreras de Ávila y de la Asociación Ecologista Centaurea» haya conseguido «recortar los años de concesión».
«Es una absoluta ignominia, que la ciudadanía tenga que sufrir hasta 2029 la concesión que se adjudicó ilegalmente en 1999. Una ignominia que retrata a sucesivos y alternantes gobiernos de PP y PSOE, abocados al servicio del lucro especulativo de las concesionarias de autopistas», señala Carlos Bravo, de Centaurea, que ha criticado al Supremo.