El juez del Caso Zamora archiva las diligencias por falta de pruebas

El instructor archiva tanto la querella interpuesta por los diputados del Grupo Socialista en el pasado mandado contra ocho ex altos cargos del PP por los presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, como la denuncia formulada por el Fiscal Anticorrupción ante el TSJ de Castilla y León en el mismo sentido. El auto de archivo sostiene que en las diligencias instruidas no se han aportado pruebas que ofrezcan indicios de delito sobre la supuesta trama de corrupción entre empresarios de obras públicas y dirigentes del PP por el pago de comisiones para la adjudicación de obras en la Institución provincial entre los años 1983 y 1991 y en torno a una supuesta financiación irregular del PP en Zamora. Asimismo, la resolución judicial apunta que tampoco existen pruebas que demuestren la obtención de beneficios personales o políticos de los imputados con el supuesto pago de comisiones por parte de los empresarios en contraprestación por la concesión de obras, ni que estos pagos fueran a parar a las arcas del PP o sus dirigentes provinciales. Acusaciones sin base Por otra parte, el juez argumenta que las acusaciones realizadas por el ex presidente de la Diputación de Zamora, Antolín Martín, en las que destapó la presunta trama de corrupción por la que posteriormente fue también imputado, carecen de la mínima base probatoria ya que en sus afirmaciones no especifica quién o quiénes pagaban las comisiones o entregan los maletines, ni el contenido de los mismos, ni la persona o personas que presuntamente los recibían. En este aspecto, resalta que de la declaración de Martín tampoco se especifican los beneficios, ventajas o tratos de favor que recibían las personas que realizaban las entregas de los maletines en cuestión. Del mismo modo, matiza que el testimonio de Antolín Martín no tiene credibilidad ya que «éste actuó guiado por la intención de perjudicar a las personas que le vencieron en las elecciones de 1996 y a los dirigentes del PP en Zamora». Continúa que las afirmaciones en cuanto al pago de comisiones fueron realizadas después de que Martín perdiera el Congreso Provincial del Partido y del cese de sus dos vicepresidentes -Aurelio Tomás y José Bahamonde Salazar- que integraban la lista ganadora encabezada por Dionisio García Carnero. El juez instructor de la causa añade que ninguno de los empresarios que prestaron declaración, tanto en calidad de testigos como de imputados, reconoció el pago de comisiones aludido, y que ni de los documentos bancarios solicitados ni de los pedidos a la Agencia Tributaria, al Registro Mercantil y al Registro de la Propiedad, ni de los aportados por el PP en torno al patrimonio de los imputados se desprenden indicios de los extremos denunciados. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Zamora concluye con este auto de archivo, que consta de 264 páginas, una instrucción que se inició en febrero de 1997 a raíz de las acusaciones realizadas por Antolín Martín en el diario La Opinión El Correo de Zamora y corroborados posteriormente por el ex empresario Eduardo Corrales Cavarrot. El entonces Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, José Caballero, inició una investigación de oficio que remitió posteriormente al Fiscal Anticorrupción. Esta instancia realizó una denuncia de los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.