La Junta exige el arreglo de los edificios antes de asumir la Justicia

Castilla y León inició ayer la negociación con el Gobierno central del traspaso a la comunidad de los medios materiales y personales de Justicia, proceso que afecta a 2.506 efectivos, y en el que el Ejecutivo autonómico exigirá al Ministerio financie «los arreglos» de los edificios a transferir. Así lo expresó el asesor jurídico general de la Junta, Ignacio Sáez, quien asistió en el Ministerio de Administraciones Públicas (Madrid), a la constitución de la ponencia técnica que llevará la negociación para el traspaso, encuentro en el que también estuvieron presentes el director general del Secretariado de la Junta, Santiago Fernández, y el director de Función Pública, Manuel Ferreira. Sáez subrayó la «complejidad y singularidad» de estas transferencias por tratarse de una competencia de doble dependencia, ya que ni jueces, ni fiscales, ni secretarios, entre otros, son transferidos ya que dependen del poder judicial. A esta complejidad sumó la dispersión territorial de Castilla y León que afecta a sus juzgados, y explicó que los primeros datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Justicia señalan que el traspaso afectará a 180 órganos judiciales en la Comunidad, 169 unipersonales y once colegiados, una audiencia por provincia y el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Burgos y salas en Valladolid, y 2.248 Juzgados de Paz. En cuanto al personal que debe ser transferido, los datos iniciales del Ministerio reflejan 2.179 funcionarios y 327 laborales, según explicó a Efe Sáez. Junta y Ministerio, según el asesor jurídico general, no han planteado plazos para cerrar la negociación, aunque el Gobierno central es partidario de que no se dilate la negociación mas allá de lo necesario, «sin prisa, pero sin pausa». Sin cifra económica Tampoco abordaron una cifra inicial del coste efectivo del traspaso, que debe responder, según Sáez, a un análisis preciso de las necesidades de personal de cada uno de los juzgados, para lo que se analizará uno por uno todos los casos, así como el estado en el que se encuentran. Reconoció que el estado de los edificios judiciales de la Comunidad «no es muy bueno», por lo que el Ministerio debe incluir en el coste las inversiones que requieran «los arreglos» que no estén todavía realizados. En cuanto al modelo de negociación, Castilla y León ha optado por crear grupos de trabajo bilateral y ha puesto especial «énfasis» en «no cerrar la fecha de cierre hasta que no haya un ajuste y la mas correcta de las valoraciones.»