‘Amnistía energética’ para las empresas de CyL: la Junta no multará si desoyen a Sánchez

El portavoz de la Junta, el consejero de Economía Carlos Fernández Carriedo, anunció ayer una especie de ‘amnistía energética’ para las empresas de CyL. Carriedo descartó que la inspección dependiente de la Junta vaya a desviar su actividad habitual para centrarse en el control del cumplimiento de las medidas de ahorro energético promovidas por el Gobierno central, porque «la prioridad no es sancionar» sino apoyar a los sectores comercial y de hostelería que, en opinión del portavoz, ya realizan esfuerzos en materia de ahorro energético «por la cuenta que les tiene».

«Son víctimas del coste excesivo de la energía», resumió el portavoz de Mañueco, que mantuvo aún la incógnita sobre si la Junta de Castilla y León recurrirá o no el decreto ley del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, algo que analizan los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica.

Carriedo sostuvo que la posición del Ejecutivo autonómico es que las medidas de ahorro sean de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, pero no para las empresas, para las que piden voluntariedad e incentivos que promuevan el ahorro energético.

La Junta de Castilla y León detalló ayer la batería de medidas propuestas al Gobierno central dentro del marco del decreto ley de ahorro energético, que incluye entre otras ideas la de «activar masivamente un Plan Renove de Calderas» financiado con fondos europeos, el fomento del autoconsumo, una apuesta por la biomasa, mantener las centrales nucleares activas, el uso temporal de carbón y prorrogar las ayudas para reforma energética de edificios más allá de 2022.

En el documento enviado por la Junta al Gobierno se contemplar 18 medidas, además de una serie de principios y consideraciones generales sobre este ámbito. El portavoz incidió además en que Castilla y León es una Comunidad «solidaria» con el resto del territorio por su potencial en materia de generación eléctrica, especialmente por las centrales hidroeléctrica y también en otras renovables como la eólica y la solar.

Las 18 medidas propuestas

1. Incentivar las capacidades de sustitución de combustibles por parte del sector residencial, así como de los diferentes sectores económicos y la generación de electricidad y calor.

2. Reprogramación de fondos comunitarios para incrementar los destinados a las ayudas al autoconsumo eléctrico y almacenamiento así como para el fomento de las energías renovables térmicas.

3. Activar masivamente un Plan Renove de Calderas financiado con fondos europeos Next Generation.

4. Imprescindible aprobar los desarrollos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de las instalaciones de generación renovable, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los gases renovables, como el hidrógeno o el biometano.

5. Considerar una verdadera apuesta por el sector de la biomasa reduciendo los impuestos a los biocombustibles sólidos como pellets o astillas, generadores de una actividad económica en nuestro necesitado medio rural así como constituyendo un instrumento que facilita la gestión de las masas forestales ante el riesgo de incendios.

6. Utilización de toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo.

7. Reprogramación del calendario de cierre de las centrales nucleares, dentro del debate abierto por la Comisión Europea en esta materia.

8. Sistemas de subastas o licitación nacionales o conjuntos mediante los cuales los Estados miembros incentiven una reducción del consumo por parte de los grandes consumidores. Los consumidores mejor situados para reducir la demanda se ofrecerían voluntariamente a hacerlo. Dependiendo del diseño, podrían recibir una compensación financiera o desgravación fiscal, a cambio de un ahorro adicional, utilizando, por ejemplo, un subtipo especial de Certificado de ahorro energético (CAE). Este tipo de sistema también podría fomentar el ahorro de gas por parte de las empresas que prevean cerrar con fines de mantenimiento o modernización.

9. Contratos de intercambio entre grandes consumidores. En el caso de industrias y en periodos de gran escasez, podrían acordar de antemano intercambios contractuales de su producción desde un área expuesta a perturbaciones a otra menos expuesta. En un nivel de crisis de «alerta» o de «emergencia de la UE», el productor situado en el área menos afectada por la escasez de gas garantizaría el suministro de la producción al productor que tuvo que detenerla debido a la escasez de gas en el área afectada.

10. Fomentar el uso de contratos interrumpibles para el consumo de gas, como medida voluntaria basada en el mercado, representando una importante fuente de flexibilidad.

11. Reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.

Sobre los límites de temperatura para conseguir ahorros en calefacción y refrigeración, la Junta pide que sean consensuados y propone:

12. Preceptivos para el sector público por su carácter ejemplarizante y siempre que ello no menoscabe el concreto interés público en sanidad, educación y servicios sociales.

13. Voluntarios para el resto: particulares, hogares y entidades del sector privado debiéndose consensuar con las diferentes entidades públicas y los sectores afectados, a los que se deberían ofrecer incentivos para el cumplimiento en función del ahorro logrado.

14. Campaña de información del mix de generación eléctrica previsto del día y aconsejando en las franjas de no generación con gas todo consumo que se pueda diferir.

15. Fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales más allá del 31 de diciembre de 2022, de forma similar a los edificios cuyos beneficios fiscales se contemplan hasta finales de 2023.

16. Implantar apoyos teniendo en cuneta el efecto y el papel esencial que juega la industria, la agricultura, la ganadería, la hostelería, el transporte, el comercio y otros sectores económicos gravemente afectados por los precios energéticos.

17. Dar una solución al sector de la cogeneración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado, con la ayuda de fondos europeos.

18. Medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía con impacto para los consumidores.