Los conciertos sociales serán de cuatro años como máximo por si no funcionan
Familia apostará por ampliar a ocho la gestión de residencias de discapacidad y enfermedad
La consejera de Familia es Isabel Blanco. NACHO GALLEGO
La Junta de Castilla y León optará por que la duración de la mayor parte de los conciertos sociales sea de un máximo de cuatro años, en concreto dos ejercicios que podrán ser prorrogados por otros tantos, hasta conocer su funcionamiento en la prestación de cada servicio. De momento, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apostará por ampliar el plazo hasta ocho años en la gestión de residencias de discapacidad y enfermedad mental al contar ya con experiencia y estar asegurada la prestación de los servicios.
El propio texto del decreto de febrero de 2022 que establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos de los Servicios Sociales recoge que, según la Ley 10/2010, la duración de los conciertos se efectuará sobre una base plurianual, con una duración máxima inicial de cuatro años, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y las necesarias estabilidad y continuidad en su provisión. Además, precisa que la duración total del concierto, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de ocho años.
El decreto deja claro que los servicios que «nunca» hayan sido objeto de concertación podrá establecerse un periodo de duración no superior al año a fin de determinar la idoneidad del régimen de concertación. La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León valora el concierto social porque garantiza una mayor sostenibilidad económica de las entidades. Es decir, cuanto más se prolongue el concierto, hasta ocho años, mayor es su estabilidad.
En la actualidad, las entidades del tercer sector prestan más de 5.000 servicios y ven en la concertación una fórmula para sustituir las tradicionales subvenciones, «más inestables y con más limitaciones», por un modelo que aporta una mayor seguridad.
El mejor ejemplo de esta política es la concertación social para la gestión de unos centros de atención a personas con discapacidad por enfermedad mental. Salvo en las provincias de Ávila y Burgos, en el resto de territorios se ha hecho por el periodo máximo que permite el decreto, cuatro años prorrogable otros cuatro, ya que existía una experiencia previa y la Consejería tenía «asegurado» la prestación del servicio.
A finales del año pasado, la Junta convocó los conciertos sociales para la prestación de diez servicios de asistencia especializada en centros específicos de tratamiento ambulatorio a personas con trastornos por consumo de drogas, uno por provincia, excepto en Valladolid, donde había dos, por valor de 2,2 millones. También se publicó un concierto de 206 plazas para la asistencia especializada en régimen residencial (tres millones de euros, de los que 1,1 millones son para la recuperación de adictas al alcohol). Además, se sacaron nueve servicios de referencia de prevención de las adicciones o servicios de prevención familiar indicada, cuando hay problemas de consumo, por 659.000 euros.