Cuentas promueve una financiación que siga criterios no poblacionales
Recuerda que CyL necesita 395 millones anuales para financiar sus servicios públicos
El presidente del Consejo de Cuenta, Mario Amilivia. ICAL
Castilla y León tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros, 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un seis por ciento de promedio de gasto social no este cubierto.
Así lo refleja el informe de ‘Análisis de la gestión del programa presupuestario de Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021’ presentado por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.
Amilivia afirmó que la financiación líquida que recibe la Comunidad por parte del Estado se elevó un dos por ciento con respecto a 2009, mientras que su gasto social aumentó el 19 por ciento. En concreto, según se recoge en el informe, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones. No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, que en promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6 por ciento de promedio de gasto social no cubierto.
El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28 por ciento. La financiación líquida recibida ascendió en 2009 a 6.629 millones, que se elevan hasta los 6.746 millones en 2021, un 2 por ciento más. Por su parte, el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, con un aumento del 19 por ciento.
En el sistema de financiación, la población ajustada mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010.
En Castilla y León, ha pasado de representar el 6,23 por ciento al 5,84 por ciento en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones. Recuerda el informe que el cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, en concreto de un 3 por ciento, lo incide, como explica, en el coste diferencial de prestación de los servicios.
De manera que esta escasa ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja de forma suficiente las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos.