Solicitan 22 años de cárcel para Pompeyo, el ‘unabomber’ de Burgos
El jubilado burgalés envió cartas con explosivos caseros a Moncloa y a otras instituciones
El momento en el que la Policía Nacional registra la casa del jubilado burgalés. SANTI OTERO
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, el hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de terrorismo (10 años) y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años), y pide también para él una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.
Le reclama además el pago de una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar la carta que envió allí el acusado.
«Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española» elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.
Considera además que la cantidad de explosivo empleada «y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados».
Esto podría ocurrir «tanto por la propia explosión de la sustancia como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo) y la producida por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación (principalmente tuercas y tornillos )».
El pasado 14 de abril, el juez del caso, José Luis Calama, dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert («sobre» en ucraniano).
Para garantizar su presencia en un futuro juicio, le impuso la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.
Entre el 18 y el 21 de noviembre de 2022 envió desde la ciudad de Burgos el sobre dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue recibido el 24 de noviembre en el complejo del Palacio de la Moncloa, donde se comprobó que podía contener algún tipo de artefacto.
Se activó entonces «el protocolo de seguridad y se procedió a la detonación controlada del paquete», que contenía carga explosiva «de perclorato/clorato de origen pirotécnico y una pólvora de base nitrada», detalla el escrito.
El artefacto explosivo dirigido al embajador de Ucrania en España llegó a la embajada en Madrid el 30 de noviembre, y al levantar sospechas el vigilante de seguridad «sacó la caja al patio».
«Al levantarla un poco vio una pieza de metal de forma rectangular con agujeros laterales, sujetándola por lo que le pareció el activador de un artefacto» y, «ante el temor de que así fuera, la lanzó hacia el suelo, momento en el que explotó, causándole una herida abierta en mano derecha».
El sobre dirigido al director de la empresa Instalaza, dedicada a la fabricación de material militar como el lanzacohetes C90 utilizado por el Ejército ucraniano fue recibida el 30 de noviembre.
«Al resultar sospechoso por no llevar matasellos ni mayor dato del remitente que el correo de Gmail, y constar mal denominada la empresa en el sobre, los empleados de seguridad lo aislaron en un almacén contiguo» y cuando tuvieron conocimiento de la existencia de un paquete bomba similar enviado a la Embajada de Ucrania avisaron a la Guardia Civil, que procedió a su explosión controlada.
El artefacto dirigido al director del Centro de Satélites (SATCEN) de la base aérea de Torrejón de Ardoz fue recepcionado el 30 de noviembre de 2022 en la oficina de Correos de esta localidad madrileña, pasando el escáner de seguridad del recinto y enviado a reparto. Finalmente, el 1 de diciembre llegó un sobre dirigido a Margarita Robles.