Anula también el nombramiento de la Vicesecretaria General
El TSJCyL anula los acuerdos de la Mesa de las Cortes a dedo
El tribunal admite el recurso presentado por varios letrados del parlamento autonómico

Las Cortes de Castilla y León.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid ha anulado diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes adoptados desde mayo de 2022 por los que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento autonómico y se creó el cargo de vicesecretaria general con efectos económicos y administrativos. Según consta en la sentencia de TSJCyL, se ha impugnado en primer lugar el acuerdo de la Mesa de las Cortes de 5 de mayo de 2022 por el que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento y el siguiente acuerdo de la misma Mesa con fecha de 19 de mayo por el que se nombró a la vicesecretaria general. A través de otro acuerdo alcanzo el 7 de julio de 2022 la Mesa adscribió provisionalmente al puesto de Vicesecretaria General a P.N.J.A. con efectos económicos y administrativos de 19 de mayo y finalmente el 28 de diciembre otro acuerdo de la Mesa nombró a P.N.J.A. para el puesto indicado.
El TSJCyL da la razón a los tres demandantes que critican en primer lugar que la Mesa optara por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y no por la modificación del Estatuto de Personal, que corresponde a las Cortes, hecho que anula el resto de los acuerdos. También considera que era necesario conocer las razones de la creación de la Vicesecretaria General, su contenido y su evaluación económica, «ya que en ausencia de ello, la decisión que las Cortes toman en el ejercicio de esa autonomía resulta arbitraria, lo que resulta contrario al artículo 9.3 de la Constitución Española». Y añade que en el expediente administrativo faltan informes que expliquen la necesidad de creación de la Vicesecretaria y qué contenido va a tener ya que en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se «indica exclusivamente» que las funciones de ese puesto son las previstas en los artículos 31, 10 y 11 del Estatuto del Personal que enumeran las funciones de los letrados, «por lo que se desconoce la utilidad o necesidad de esa Vicesecretaria, si las funciones a realizar por la persona designada son las mismas que las del resto de los letrados».
El TSJCyL defiende que el «iter lógico» era la creación primero de la Vicesecretaria con un contenido determinado a través del procedimiento legalmente previsto para preceder después al nombramiento de quien haya sido seleccionado, «acto que debe limitarse a esto, pero que no completa, ni subsana la deficiencias padecidas en la creación de la Vicesecretaria». Y añade que el acuerdo de las Cortes de 19 de mayo es contrario a la Constitución Española que garantiza el acceso a la función pública de conformidad con los principios de mérito y capacidad y en condiciones de igualdad. También sentencia que la infracción se produjo porque «ni hubo convocatoria, ni se dio publicidad para que los interesados que reuniesen los requisitos exigidos pudieran participar en el proceso de nombramiento», como es el caso de los tres demandantes. En sus escritos dirigidos al TSJ, la Mesa y el Letrado Mayor se han opuesto a las pretensiones de los demandantes, bajo el argumento de que este nuevo puesto no es estructural y por tanto no debe regir el Estatuto de Personal, sino la propia Relación de Puestos de Trabajo, sin modificación del otro documento.
Además, argumentaron que la vicesecretaria general «mantiene su independencia profesional cuando actúa como letrada» y que las normas internas de la Cámara de Castilla y León prevén el sistema de libre designación como medio de provisión de puestos, con una modificación de complementos retributivos que fue aprobada por la Mesa de las Cortes.