Amilivia pide la "plena independencia y autonomía, orgánica y presupuestaria", de la Autoridad Independiente en materia de corrupción
Durante la conferencia inaugural del VI Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción que se celebra en la Universidad de Salamanca
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, pidió hoy la “plena independencia y autonomía, orgánica y presupuestaria”, de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de la Comunidad, una figura que recordó que se creó el pasado mes de junio con el nombramiento de Luis Gracia, y de cuya actividad, avanzó Amilivia, se dará cuenta en los próximos meses en las Cortes de Castilla y León.
Durante su intervención en la conferencia inaugural del VI Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción que se celebra en la Universidad de Salamanca, Amilivia reflexionó que "cabría preguntarse si la adscripción de la Autoridad Independiente al Consejo de Cuentas es el encaje institucional más adecuado cuando este no tiene en su regulación ningún tipo de competencias directas en materia de lucha contra la corrupción”, o si, por el contrario, “parecería más lógica la plena independencia y autonomía, orgánica y presupuestaria, de la Autoridad Independiente” con una modificación legislativa.
No obstante, el presidente del Consejo de Cuentas también aprovechó su intervención en el Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción para destacar que “las instituciones de control externo, bien sea previo o a posteriori, se han convertido en la práctica en garantes de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos, de la transparencia y la calidad democrática”.
Al respecto, y a la vista del trabajo de control de los recursos públicos realizado en los últimos 23 años, Amilivia consideró un “pleno éxito” la colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y estos órganos autonómicos de control externo en Castilla y León, aunque dijo que, en aras a mejorar aún más su funcionamiento, “resultaría útil establecer una regulación y un procedimiento, instrumentos de colaboración en el marco de las correspondientes comisiones de coordinación”.
Así, con esta delimitación de los ámbitos de actuación en el modelo español de fiscalización externa, se evitarían, según Amilivia, "posibles disfunciones como la regulación de auditorías que no gocen de consenso, duplicidades de fiscalizaciones o solapamiento de actuaciones que, en algún momento, se han podido producir”.
Y es que, a pesar de que la regulación constitucional establece una superposición del Tribunal de Cuentas sobre los órganos autonómicos de control externo, Amilivia subrayó que, en el caso de Castilla y León, se ha llevado a cabo “una ejemplar colaboración y coordinación” entre todos estos órganos.
Además de ello, durante su intervención, Amilivia afirmó que en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo de Cuentas, este ha aprobado 300 fiscalizaciones, multiplicando por seis la capacidad de auditar de la comunidad autónoma y recogiendo en ellas 2.500 recomendaciones para la mejora de la gestión pública y de la transparencia de las administraciones. En concreto, el Consejo de Cuentas fiscaliza a cerca de 5.000 entidades públicas y unos 15.000 millones de euros.