«El marco jurídico garantiza Los derechos de las personas LGTBI+en nuestra tierra", dice el PP

Solo Vox se opone a que se tramite la ley LGTBI+ con el «sí» de toda la oposición

Los de Abascal atacan la norma y la tildan de "adoctrinamiento ideológico»

Intervención del procurador socialista Eugenio Miguel AlcojorMiriam Chacón

Publicado por
ICAL
Valladolid

Creado:

Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León acordaron ayer la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, que contó con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox que se quedó solo, ya que el PP, al final, optó por la abstención y facilita así su tramitación. En el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea recordaron que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP mantuvo que no se oponen a esta norma pero, a la vez, aseguró que sus derechos están garantizados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la norma estatal.

La proposición de ley, que ahora se envía a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación, aunque ya no en este periodo de sesiones que concluye el 30 de junio, tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.

Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.

En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.

También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.

Cargando contenidos...

En la presentación de la PPL, Miguel Hernández aludió a que las agresiones y discursos de odio han aumentado con la entrada de «la ultraderecha» en las instituciones, donde recordó que quien fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo calificó de «trapo» la bandera arcoiris, y subrayó que Castilla y León es la única comunidad sin una ley LGTBI. El socialista afirmó que se trata de una reivindicación social histórica en Castilla y León, aseguró que la norma beneficiará a un 15 por ciento de la población de la Comunidad y preguntó qué diferencia al PP de esta autonomía de sus compañeros de otras comunidades que han aprobado leyes para este colectivo. «Voten a favor, no hay excusa» tras la salida de Vox de la Junta, zanjó desde la tribuna donde exhibió la bandera arcoíris.

La proposición de ley tiene por objeto garantizar el derecho de estas personas a la igualdad real y efectiva de las personasy privado

Vox vota contra la hormonación de los niños a espaldas de los padres

Desde Vox, Juan Antonio Palomo argumentó que la proposición de ley se basa en «privilegios» basados en la igualdad de género, defendió la libertad sexual que no cree en «etiquetas» sino en derechos individuales y cuestionó que un menor pueda decidir sobre un cambio hormonal sin consultar con los padres, que tienen el derecho a la educación de sus hijos. Manifestó que no se busca «igualdad sino privilegios en un adoctrinamiento» que condiciona la libertad individual y reiteró que se usa al colectivo para fines partidistas e ideológicos. «Hoy alzamos la voz de miles que dicen basta ya y se sienten molestos cuando se les utiliza en una cruzada ideológica», zanjó.