El Ejecutivo autonómico insta a negociarlo en la Conferencia Sectorial
La Junta rechaza el Mapa de Transportes que quiere imponer el Gobierno
Él Ministerio de Óscar Puente tiene que retirar su iniciativa, que suprimiría 474 paradas en CyL
Óscar Puente en una reunión mantenida ayer en la sede del Ministerio, en Madrid.
La Junta exigió ayer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que convoque la Conferencia Sectorial de Transportes como órgano donde debatir el Mapa Estatal de transporte de viajeros por carreteras. En una reunión de directores generales, el Gobierno de España ha tenido que retirar del orden del día este punto al encontrarse con el rechazo de once comunidades autónomas que siguen demandando al Ministerio que dirige Óscar Puente que negocie los criterios de manera conjunta y no con encuentros bilaterales o con imposiciones.
La directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, acudió a la reunión en la que no se ha abordado el Mapa Concesional «en contra de lo que ha anunciado el Gobierno de España con una nota de prensa que se ha publicado previa a la reunión». Paredes, en representación de la Junta de Castilla y León, ha solicitado la retirada de este punto del orden del día y ha instado al Ejecutivo central «a que se lleve de una vez por todas este borrador del Mapa, del año 2022, a la Conferencia Sectorial, el órgano de mayor representatividad posible.» Un Mapa Estatal que suprimiría 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León y que sería, ha indicado Paredes, «un ataque al medio rural al privarles de un servicio básico. No responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad». Una reorganización, que según el Ministerio optimiza rutas, pero «a costa de suprimir paradas», siendo este «un modelo injusto y similar al que está implementando en el transporte ferroviario en Castilla y León con eliminación de paradas para ganar tiempo entre grandes ciudades.»
El planteamiento del Gobierno que no se ha llegado a debatir de financiar con 40 millones de euros estas rutas que pasen a ser gestionadas por las comunidades autónomas «es insuficiente porque Castilla y León necesitaría 25 millones, siendo según un estudio el coste de asumir esos trayectos en todo el país de 123 millones». Además, ha señalado que «esa financiación sería transitoria y no tendría vocación de continuidad».
En la reunión de la Comisión de directores generales de Transportes, Laura Paredes sí ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la posibilidad de destinar los remanentes de las convocatorias de subvenciones no ejecutadas a actuaciones propias de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de avanzar en la digitalización del transporte dentro del Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. «La Junta siempre ha mostrado su compromiso con la ejecución de los fondos europeos, pero es imprescindible que se nos permita utilizar los remanentes en actuaciones que realmente mejoren la movilidad y modernización del transporte en nuestro territorio», ha explicado.
Estos remanentes provienen de renuncias o de la falta de solicitudes de las empresas beneficiarias, por lo que su uso en proyectos autonómicos permitiría aprovechar al máximo los fondos europeos y cumplir los objetivos de modernización y eficiencia del sector.
La Junta ha solicitado la ampliación de plazos de ejecución de los proyectos de digitalización del transporte, como Sistemas Inteligentes de Transporte, debido a la complejidad técnica.
El ultimátum de Óscar Puente
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sotenible ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas para darles de fecha hasta el 15 de septiembre, para que decidan si asumirán las paradas de autobús que permitirán rebajar las tarifas, aumentar las frecuencias y reducir los tiempos de viaje de las actuales grandes rutas de largo recorrido.
En las misivas, el Ministerio les da dos opciones: asumir la gestión de las nuevas paradas y rutas, a cambio de recibir los fondos estatales necesarios para su financiación; o rechazar esa gestión para que sea el Ministerio el que siga prestando esos servicios.
El departamento dirigido por Óscar Puente les reitera que en ningún caso se perderán paradas de autobús. Si las comunidades asumen los nuevos tráficos, Ministerio y Comunidad abordarán el diseño de las rutas necesarias para que las ciudades más pequeñas —que con el nuevo mapa se quedarían sin parada— pasen a estar servidas con autobuses que muevan a la gente a las ciudades más grandes, donde sí seguirá pasando el bus de largo recorrido. Esto permitirá que los grandes ejes reduzcan en unos 20 minutos de media su duración, en algunos casos incluso hasta en 3 horas, al mismo tiempo que las tarifas bajarán en torno a un 20%, gracias al aumento del 40% en la ocupación de los autobuses, ya que al ser más competitivo el trayecto, más usuarios cogerán el autobús.
En caso de que las comunidades se nieguen a aceptar el nuevo mapa, el Ministerio seguirá prestando el mismo servicio como hasta ahora. En fases posteriores, se estudiará la forma de hacer más eficiente el servicio, siempre sin dejar de prestar ninguna parada. El objetivo del Gobierno con el nuevo diseño es hacer más atractivo el autobús para los viajeros, sobre todo ahora que el tren ha mejorado su competitividad. Las actuales rutas de largo recorrido hacen multitud de paradas en pequeñas poblaciones, lo que aumenta el tiempo de viaje.