CyL tendrá que acoger 783 menores

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos. En ese reparto, el Gobierno asigna a Castilla y León 783 plazas, ya que la fórmula acordada fija una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.

Con este criterio, Andalucía es la autonomía con mayor capacidad (2.827), seguida por Cataluña (2.650), Comunidad de Madrid (2.325) y Comunidad Valenciana (1.767). Por debajo del millar se encuentran Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107) y las ciudades autónomas de Melilla (28) y Ceuta (27).

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la aprobación del decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un «paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante» y que afecta a «niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria».

El decreto aprobado ayer fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población. Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.

Con la entrada en vigor del decreto, echa a andar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Con este Real Decreto se da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Tras la aprobación, las comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.

La Junta llevará al Gobierno a los tribunales: "Es una imposición, beneficia a sus socios separatistas"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP), anunció ayer que recurrirá ante la Justicia el decreto aprobado por el Gobierno para organizar el reparto de los menores extranjeros acogidos actualmente por Canarias y ha denunciado que se trata de una «imposición» a las autonomías.

En una grabación distribuida por la Junta entre los medios de comunicación, la consejera ha argumentado que el recurso judicial se basará en que entienden que el decreto invade competencias autonómicas, además de no haber sido trabajado con los gobiernos autonómicos.

"No ha habido acuerdo, no ha habido consenso, ha sido una imposición, no conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida y lo que nos damos cuenta es que es lo de siempre, el Gobierno quiere beneficiar a sus socios separatistas", ha argumentado Blanco.

La vicepresidenta de Castilla y León ha recomendado al Gobierno que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo urgió al Ejecutivo central a resolver la situación de estos cerca de mil menores acogidos actualmente en Canarias, procedentes de países africanos y que habían solicitado asilo. En opinión de la consejera, «hasta el momento es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido».