La Ceoe reclama un plan especial de inspección de bajas laborales

El reelegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Ceoe), Santiago Aparicio, subrayó ayer que el absentismo laboral es un «gravísimo problema», por lo que exigió más control, más rigor y más equilibrio. En este sentido, reclamó un plan especial de inspección de bajas laborales, similar al puesto en marcha por la Xunta en Galicia, y la creación de unidades de apoyo específicas que refuercen el trabajo de los servicios de inspección en distintas áreas piloto. Precisó que el organismo gallego detectó que dos tercios de los más de 20.000 personas citadas por la inspección entre junio y diciembre del año pasado fueron dadas de alta al comprobarse que su incapacidad temporal no estaba justificada.

Tras ser elegido por otros cuatro años más como máximo responsable autonómico de CEOE, tras la celebración de la Asamblea General Electoral, Aparicio aseguró que las empresas necesitan reglas «claras» y entornos laborales donde prime el «compromiso» y la «responsabilidad». Añadió, según recogió la Agencia Ical, que la adopción de este tipo de medidas no buscan «cargar» contra los trabajadores ni de «cuestionar» su salud sino «todo lo contrario».

En presencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pidió una gestión «más eficaz y responsable», que proteja tanto a quienes realmente necesitan una baja como al conjunto del sistema. «El empresario no es ajeno al bienestar de su equipo. Muy al contrario, por que cuida, protege y necesita a sus trabajadores. Sabe que su talento, su compromiso y su salud son el activo más valioso de la empresa. Por eso pedimos soluciones», sentenció.

Carriedo reconoció que el absentismo laboral es un problema «importante», por lo que requiere un esfuerzo conjunto para llegar a acuerdos en esta materia, «siempre desde el respeto a los trabajadores, su salud y buscar lo mejor para el tejido productivo y el crecimiento económico de Castilla y León». En este sentido, dijo que la Junta está abierta a escuchar e intentar llegar a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta las circunstancias de la Comunidad.

En cuanto a las unidades de apoyo específicas de Galicia, precisó que han ofrecido formación continuada a los médicos en normativa esencial de procedimientos de incapacidad, han realizado un seguimiento más ágil de las bajas en curso y han mejorado la coordinación entre los distintos actores implicados. Entre otras medidas, citó la incorporación de la información de las mutas a la historia clínica del paciente y se fija automáticamente la próxima cita desde el primer parte de baja, de cara a evitar dilaciones «innecesarias». También se desarrollan unidades asistenciales específicas para patologías como las musculoesqueléticos o las de trastornos leves de salud mental que suponen buena parte de las incapacidades temporales.

Santiago Aparicio apostó por una administración que acompaña al empresario y no que le ponga «zancadillas», tras considerar que hay un «exceso» de presión inspectora, especialmente en la órbita fiscal. «Muchas veces se percibe más como una persecución que como una labor de control razonable», sentenció. En su opinión, las dobles inspecciones, la falta de coordinación entre administraciones y la carga burocrática «creciente» lastran la actividad empresarial y, «lo más grave», el traslado de sus domicilios sociales a otras comunidades autónomas. Por eso, abogó por avanzar hacia la creación de un distrito único, donde se armonicen criterios y se eviten duplicidades que generen «inseguridad, costes innecesarios y desigualdades».