Mañueco sólo ata el sí de Igea mientras se desata la polémico techo de gasto

La aprobación del techo de gasto de Castilla y León, que se debatirá en el pleno de las Cortes la próxima semana, sigue en el aire ya que PSOE, Vox y UPL-Soria Ya no han desvelado qué votarán, y además se han pedido informes a la letrada mayor de la Cámara y al Consejo Consultivo para valorar la legalidad de que el Ejecutivo autonómico registre los presupuestos del 2026 sin aprobar ese límite financiero. Así lo han trasladado los representantes de los grupos parlamentarios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se ha celebrado ayer en la Cámara. Sólo el parlamentario del Grupo Mixto Francisco Igea se ha mostrado favorable a aprobar y debatir el techo de gasto para que haya unos presupuestos en la Comunidad, pero ha insistido en que debe ser tras la aprobación del límite financiero y con una Ley de Acompañamiento.

Los portavoces de la oposición, especialmente David Hierro (Vox), han incidido en que por primera vez en la historia del parlamentarismo se han registrado unas cuentas autonómicas sin aprobar el techo de gasto, sin una parte del presupuestos (la sección 20, relativa al parlamento autonómico y sus instituciones propias) y sin una Ley de Medidas de Acompañamiento. Por ello, la Cámara ha solicitado a la letrada mayor, Laura Seseña, que elabore un informe para determinar si la Junta se puede registrar y debatir el proyecto del Presupuesto General de la Comunidad sin que el parlamento haya aprobado el techo de gasto, una petición que también se ha solicitado al Consejo de Cuentas a petición de Vox y a la que se ha sumado el grupo socialista.

La portavoz socialista en la Cámara, Patricia Gómez, ha calificado al proyecto de Cuentas que presentó ayer consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) de «presupuestos fake» y del «timo de la estampita» y ha criticado el bochorno de registrar una cuentas sin tener el techo de gasto aprobado y sin sección 20 apoyada por la Mesa de las Cortes. Un «bochorno» por el que Mañueco y Carriedo deberían «irse a su casa» y que a su juicio pretende maquillar la gestión del PP y «salvar a Mañueco» ante el inminente escenario electoral, tras lo que ha afirmado que su grupo parlamentario tomara cualquier decisión con la vista puesta en los que es bueno para Castilla y León y «sin engañar a la ciudadanía».

Ángel Ceña (Soria Ya) ha dado argumentos políticos y legales para rechazar tanto el presupuesto como el techo de gasto. A su juicio, «estos presupuestos no se deberían presentado» porque incumplen el Reglamento y las leyes.

Requerimiento para reclamar 315 millones al Gobierno

El Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023 (que se cierra dos años después), que permita la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Carriedo, en calidad de portavoz, señaló que el Ejecutivo reclamará en torno a 315 millones de euros de esta liquidación, es decir, que considera que estaría sobre los 931 millones (ya que la reconocida por el Gobierno es de 616 millones).

A su juicio, el Gobierno central tomó medidas en 2023 que han supuesto un incremento de esta cantidad y que se refieren al impuesto de electricidad, al IVA, a educación y sanidad y últimamente, añadió, a obligaciones en materia de personal, entre otros. «Es un largo etcétera…», prosiguió.

La Junta ha adoptado este acuerdo para el envío del requerimiento con el objetivo de «plantear el interés general de CyL, la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional».