101 M€ para que en 2029 las cuadrillas terrestres contra incendios sean públicas y trabajen 12 meses

La Junta de Castilla y León calcula que en 2029 tendrá que invertir 101 millones de euros para que las 111 cuadrillas terrestres (Romeo) formen parte del sector público y trabajen durante los 12 meses del año. De hecho, en 2026 estima ya un desembolso de 54 millones, a los que se unirán otros 40 en los siguientes ejercicios, para renovar la contratación de 49 unidades de este tipo, que ahora están operativa durante nueve meses y en algunos casos, diez u once.

Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció en las Cortes para presentar en las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad en lo relativo a su departamento, la Fundación del Patrimonio Natural y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). De esta forma, Suárez-Quiñones señaló que la Junta prevé destinar el próximo año 135 millones de euros al operativo de lucha contra incendios forestales, lo que unido a los gastos en personal y la subvención para el Consejo Comarcal del Bierzo, elevan la factura a los 153 millones.

También, el consejero destacó los 17 millones que permitirán disponer de unas unidades «helitransportadas y nocturnas», garantizando la operatividad del dispositivo durante todo el año. Este operativo tendrá un refuerzo específico en los meses de más riesgo de incendios, y al menos durante la época de peligro alto, de forma que las helitransportadas contarán con un refuerzo de un segundo turno y uno nocturno (November) en al menos 16 de ellas.

Igualmente, con estos fondos se contempla la incorporación de diez nuevas cuadrillas helitransportadas adicionales entre los años 2026 y 2027, reforzando con una segunda dotación y un segundo helicóptero en diez de las bases de la Comunidad. Además, el próximo año se incorporarán las cuatro primeras cuadrillas; dos en León, una en Zamora y otra en Ávila, con un coste de 3,2 millones, con sus cuatro helicópteros. La inversión total final alcanzará los ocho millones.

En la misma línea, Medio Ambiente prevé una inversión de 13,1 millones para garantizar la disponibilidad de 21 aeronaves contratadas para el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, además de dos adicionales de refuerzo. Además, Suárez-Quiñones señaló que se está gestionando la tramitación de un nuevo expediente para la contratación de cuatro aparatos que reforzarán el dispositivo aéreo León (dos), Zamora (uno) y Ávila (uno).

También prevé ampliar el servicio de Unidades mixta de Brigadas con Autobomba (UBA), incrementando el número de unidades operativas de cinco a nueve con una inversión total estimada de 3,6 millones. Además, continuará la renovación de los vehículos autobomba propios (4,9 millones), así como a la mejora de las infraestructuras del operativo, entre otras a la actualización y adecuación de las cuatro bases correspondientes a los nuevos medios de extinción incorporados.

En cuanto a las inversiones en maquinaria pesada (bulldozer), destinadas tanto a labores de prevención como de extinción de incendios, el consejero comprometió once millones Esta inversión, señaló, permitirá disponer de 20 equipos (buldozer y góndola con su personal) completos preventivos todo el año y 20 máquinas de extinción a mayores durante el periodo de mayor peligro, así como de equipos y maquinaria complementaria de diferentes tipologías para reforzar la capacidad de respuesta del operativo.

Además, el operativo estará dotado el próximo ejercicio, según dijo, de nuevos vehículos nodriza, de tres nuevos puestos de mando avanzado, al sumar a los tres actuales grandes y nueve modulares. Asimismo, la unidad Fénix de Drones de la Agencia de Protección Civil comenzará a prestar servicios en los incendios forestales.

Cartografía, vigilancia y ayudas

Por otra parte, se firmará el próximo año un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) para la generación de cartografía estratégica en materia de planificación y gestión de incendios. Además, se está tramitando un convenio de colaboración con la Universidad de León para el análisis y categorización de modelos de combustible forestal.

Además, se ampliará la cobertura del Sistema de Videovigilancia de Incendios Forestales en León (707.000 euros) y Zamora (211.000 euros) y se iniciará su implantación en Segovia (1,36 millones) y Palencia (626.000 euros), así como en Burgos (1,2 millones) y Valladolid (800.000 euros).

A lo largo de 2026, Medio Ambiente espera continuar ejecutando las obras de emergencia para la restauración natural tras los grandes incendios ocurridos este año, por un desembolso de 13,3 millones. También, se convocarán las líneas de prevención de incendios forestales. Así se prevén 35 millones para propietarios con el fin de evitar daños y abordar la selvicultura con una dotación estimada de 35 millones y otros 25 para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silbo pastoral (desbroces).

Sostenibilidad

En 2026, con 68,5 millones, la Consejería seguirá avanzando en la implantación de redes de calor en Valladolid (oeste), León, Ponferrada, Villablino, Bembibre Salamanca, Segovia o Aguilar de Campoo; en la finalización de los centros logísticos de biomasa de León y Palencia, así como en la mejora de eficiencia energética de las residencias de León y Benavente (Zamora).

Respecto a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, Suárez-Quiñones aseguró que aprobarán una nueva delimitación y un nuevo Programa de Actuación y finalizarán los estudios de determinación del origen de los nitratos en aguas subterráneas, con unos 150.000 euros.

De la misma forma, la Consejería afrontará el próximo ejercicio la modernización de los centros de Tratamiento de Residuos de Burgos, Segovia y Soria, con 17,4 millones, así como apoyar la construcción de 24 puntos limpios fijos y la adquisición de otros 75 móviles. Además, otros 10,5 millones se dedicarán a la restauración de áreas mineras degradadas en las provincias de León y Palencia.

Ciclo del agua

Respecto de las políticas del ciclo de gasto, Suárez-Quiñones destacó los 65,8 millones para abastecimiento, que permitirán avanzar con 24,3 millones en las obras del Programa de Renovación y Digitalización de Redes de distribución de agua potable en 200 núcleos, que conllevarán la instalación de 150.000 contadores con telelectura. También, se reservan 27,7 millones para sistemas mancomunados y 12,3 millones para ejecutar obras puntuales.

Por otra parte, Medio Ambienta consigna 75,3 millones para depuración, especialmente, para los municipios con entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes (38,5 millones). Además, la Consejería prevé la finalización y puesta en marcha de los nuevos sistemas de depuración de los espacios naturales de Babia y Luna, Hoces de Vegacervera y Montaña Palentina. También, para paliar el riesgo de inundaciones, se actuará en los municipios de Miranda de Ebro (BU), Santa María de Huerta (Soria) y Valladolid, con una inversión de 4,9 millones.

Más viviendas

La Junta de Castilla y León prevé comprar 55 viviendas el próximo año con 2,4 millones para incorporarlas al parque público de alquiler, tras adquirir otras 35 el pasado ejercicio, con el objetivo de “rozar” las 100, al ser “consciente” de la necesidad de facilitar el acceso a un hogar a las personas con menos recursos. Además, pondrá en marcha un programa “Rehabitare privado” para fomentar la mejora de casas en pequeños pueblos del medio rural.

Así lo anunció hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación en las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad en lo relativo a su departamento, la Fundación del Patrimonio Natural y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León).

En ese sentido, Suárez-Quiñones arrancó su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda explicando que las cuentas diseñadas por su departamento para el próximo ejercicio son las que experimentan el “mayor incremento” de volumen de gasto, un 21,53 por ciento, hasta los 663,3 millones, a los que se unen otros 408,1 de Somacyl (362,1 millones) y la Fundación Patrimonio Natural (46 millones). En conjunto se acercan a los 1.071 millones, de los que 825,3 millones son para inversiones, sin contar los 102 vinculados a la gestión de suelo industrial y residencial.

A continuación, el consejero se centró en la vivienda que contará con 262,5 millones, de los que 44,5 millones son para las ayudas al alquiler. Además, Suárez-Quiñones avanzó que se convocarán las ayudas del nuevo programa de “garantía del cobro de la renta del alquiler a cambio de establecer un alquiler asequible”.

De esta forma, Somacyl afrontará en 2026, de acuerdo al proyecto de presupuestos, la construcción de 522 viviendas distribuidas en 36 promociones en varias provincias con una dotación de 48,2 millones. También, figura una dotación de 74,9 millones para finalizar el desarrollo de las obras en las 15 promociones de viviendas jóvenes en régimen de ‘cohousing’, con 1.013 viviendas, que deberán estar terminadas el próximo ejercicio.

Igualmente, la Consejería prevé continuar con 2,2 millones con la conversión y adaptación de 23 locales en viviendas, de titularidad de la Junta, para incorporarlas al parque de alquiler. Además, aseguró que el Programa Rehabitare, con un presupuesto de 8,4 millones, permitirá la incorporación en 2026 de 88 viviendas también.

A ello se une, según Suárez-Quiñones, el Programa Rehabitare Junta-Diputación que, con un presupuesto de 3,4 millones permitirá la incorporación este año de 36 viviendas. También, se añadirán otras 16 viviendas a través de las obras financiadas con los fondos procedentes de los Fondos de Cohesión Territorial.

Además, indicó que se pondrá en marcha el nuevo programa “Rehabitare privado” con la finalidad de ayudar a las personas que rehabiliten sus casas en mal estado en pequeños pueblos del medio rural a condición de que fijen su residencia en ellas o las dediquen a alquiler asequible.

Finalmente, Suárez-Quiñones destacó los 26,2 millones para los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) o las ayudas destinadas a incentivar las obras de rehabilitación energética y para fomentar la mejora de la accesibilidad tanto en el ámbito urbano como rural con una dotación de 51,7 millones. Además, aludió a los 96 millones para suelo industrial o los 6,5 millones para áreas residenciales.