Diario de León

Mañueco fijará posición ante el pleno de las Cortes sobre el pacto de gobierno con Vox

La convalidación de los decretos sobre incendios, en el aire por el rechazo de los grupos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abandona el hemiciclo tras la votación.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abandona el hemiciclo tras la votación.nacho gallego

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ICAL
Valladolid

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fijará posición sobre la lucha contra la violencia machista y el acuerdo entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad en el próximo pleno de las Cortes que comienza el martes, 25 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La sesión de control al Ejecutivo abrirá el próximo pleno, previsto para el 25 y 26 de noviembre, con la pregunta de la socialista Patricia Gómez Urbán, que consultará al presidente si apoya la lucha contra la violencia machista, mientras desde Vox, su portavoz, David Hierro, le planteará si se siente identificado con las 32 medidas del pacto de gobierno suscrito al inicio de esta legislatura.

Además, Fernández Mañueco responderá otras dos preguntas, ya que Ángel Ceña (Soria Ya) le pedirá que explique si ve necesaria una ley para luchar contra la despoblación y Pedro Pascual, de Por Ávila, le exigirá que informe sobre cómo piensa cumplir los anuncios en materia sanitaria antes de que termine el año.

Asimismo, los socialistas recuperan los incendios de este verano para preguntar por las denuncias de los ayuntamientos, así como el juicio de la «trama eólica» que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid. También incluyen la gestión de la gripe aviar, la conservación de los centros educativos, la formación de la enfermería de Atención Primaria, los problemas de la sanidad en Zamora o las infraestructuras de Segovia.

Desde Vox, plantearán a los consejeros las reivindicaciones de los ganaderos, la política energética, la inmigración ilegal y el control del lobo. También, Soria YA llevará al pleno los problemas de contaminación de las aguas en su provincia y la UPL la conservación de los bienes de interés cultural y el acceso a internet. Además, el exvicepresidente Francisco Igea preguntará cuándo piensa la Junta cumplir la ley de Publicidad Institucional y Pablo Fernández (Unidas Podemos) sobre la pobreza.

Vivienda y campo

Tras las preguntas orales, se debatirán dos interpelaciones de UPL-Soria YA y los socialistas sobre transporte sanitario y economía, y otras tantas mociones de Igea sobre sanidad y el PSOE sobre salud mental.

En el pleno también se debatirán cinco proposiciones no de ley. La primera, que lleva la firma de Pablo Fernández, versa sobre vivienda. Le seguirán la de Vox sobre el campo; la del PSOE, sobre violencia de género para crear unos premios con el nombre de la exconcejala de Ponferrada Nevenka Fernández, y del PP, sobre la tasa municipal de basuras. También, se abordará otra iniciativa de la UPL que cosechó un empate en comisión sobre los centros integrados de Formación Profesional.

Además, la cámara debatirá la toma en consideración de una proposición sobre el cuerpo de agentes medioambientales que UPL-Soria Ya presentó en mayo y que había sido desestimada por la Mesa.

Sin embargo, a mediados de octubre, el órgano de gobierno de la cámara la recuperó y admitió a trámite a pesar del informe contrario de la Junta, que estimó que su aprobación conllevaba un gasto superior a los 10,6 millones de euros.

También se ha incluido en el orden del día la tramitación por el procedimiento de lectura única y aprobación de la proposición de ley del Grupo Popular sobre la bonificación de las tasas veterinarias, de caza y pesca y otras por la expedición de certificados de profesionalidad.

Por otra parte, la convalidación o no de los dos decretos ley sobre lucha contra incendios cerrará el próximo miércoles un intenso pleno en una cuestión que ha generado dudas y críticas entre los grupos y que, por el momento, no tienen decidido su voto.

En concreto, contemplan que una tercera parte de los servicios de extinción que prestan empresas pasen a manos del sector público, que el operativo sea permanente y el reconocimiento de la categoría de bombero forestal.

También se recogen una serie de medidas preventivas y de seguridad para facilitar la limpieza de los montes y evitar que las llamas se acerquen a las poblaciones cercanas.

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