Las ayudas por Erte de la Junta han llegado a 1.548 trabajadores por 700.000 euros
Oficina del Servicio Público de Empleo en León.
Las ayudas convocadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo dirigidas los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en causa de fuerza mayor temporal o en aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo han beneficiado a 1.548 personas.
Así consta en la resolución de las ayudas publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) que cifra en 700.038,69 euros el importe total de las ayudas que han llegado a esos 1.548 beneficiarios.
Se trata de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de contrato o reducción de jornada durante al menos 10 días en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de abril de 2025 y con una base de cotización no superior a los 4.000 euros mensuales.
Industria ha precisado que los beneficiarios van a recibir una ayuda que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en función del número de jornadas de afección que hayan sufrido, y podrán compatibilizar esta ayuda con otras destinadas a la misma finalidad, "siempre que la suma de las percepciones - incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo - no supere el cien por cien de su retribución bruta mensual".
Por otro lado, se ha denegado la ayuda a 148 solicitantes, se han inadmitido tres solicitudes y se han dado por desistidas otras 18 solicitudes por distintos motivos explicados en los correspondientes anexos de la resolución.
Se trata de unas subvenciones del programa ATRER 2025, cuyo objetivo es paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de Castilla y León afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y fueron convocadas por la Orden de 30 de abril de 2025 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Las mismas fuentes han destacado además que la modificación de las bases llevada a cabo este año ha permitido llegar a un mayor porcentaje de trabajadores en el objetivo de ampliar el número de beneficiarios y de simplificar la tramitación y agilizar la concesión e implementar criterios de mayor equidad y justicia.
Industria ha recordado al respecto que se eliminaron las restricciones en función del tamaño de la empresa, se incluyeron los trabajadores afectados como consecuencia de una resolución judicial en un procedimiento concursal, se eliminó con carácter general la necesidad de presentar el certificado de empresa y se estableció una cuantía fija de 10 euros por jornada de suspensión.