CyL: 17 veces menos que Cataluña
La Comunidad recibe 271 millones frente a 4.700 catalanes. Carriedo: «Las cifras hablan por sí solas». La Junta ve «inaceptable» el nuevo modelo «impuesto por separatistas» que quiere imponer Montero
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firma un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid), ayer. En la imagen junto al alcalde David Esteban
«Si esto se consuma, perjudicaría a Castilla y León y rompería la caja común de nuestro país, por lo que defenderemos a nuestra tierra y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance e, incluso, si es necesario, iremos al Tribunal Constitucional», dijo ayer l presidemte de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Mañueco manifestó que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica planteada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «solo tiene un nombre: el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León». Durante la firma de un protocolo para la ampliación del Polígono Industrial Alto de San Juan, de Medina de Rioseco (Valladolid), el jefe del Ejecutivo señaló que para «seguir creciendo», la Comunidad «necesita una financiación justa», algo que, consideró, no se da con este modelo presentado por el Gobierno.
«Castilla y León no entra en los planes de futuro de Sánchez. Para que lo entiendan, tenemos el 20 por ciento de la superficie del país y el cinco por ciento de la población, pero vamos a recibir apenas el uno por ciento de los nuevos fondos», reprochó Fernández Mañueco. A su juicio, el «debate no puede ser nunca si unos reciben más que otros, sino que la financiación tiene que servir para que los servicios públicos permitan dar la misma calidad a todas las personas, vivan donde vivan», momento en el que enumeró que en materia sanitaria, Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada; los primeros en educación, al igual que en dependencia y atención a los mayores.
«Esta propuesta ni es justa, ni atiende al territorio; ni lo que es más preocupante: no atiende a quienes viven en ese territorio, sino solo a intereses partidistas», concluyó.
La estela la siguió el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, expresó ayer su «disgusto» por las formas con las que el Gobierno ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica y el fondo de la reforma y tachó de «inaceptable» esta medida «impuesta y anunciada por un partido separatista» con la que Cataluña recibiría 17 veces más que Castilla y León.
«Es el momento de elegir entre los separatistas o la igualdad y nosotros estamos claramente del lado de la igualdad», subrayó Fernández Carriedo, que señaló que el dinero de los españoles tendría que utilizarse para financiar los servicios públicos de todos los ciudadanos y con este modelo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende hacer un «pago de precio político a un partido separatista».
Remarcó que lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos y en este caso se entiende que «simplemente hay una imposición de un modelo separatista que el jefe del Ejecutivo central ha aceptado en función de sus circunstancias. De hecho, hizo énfasis en la disposición de la Junta en esta materia, y criticó que antes de anunciar todas estas cifras no se haya convocado a las comunidades autónomas, un punto en el que aseguró que la Administración autonómica participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiare (CPFF) convocado el próximo miércoles por parte del Gobierno, donde se explicarán los detalles de la propuesta del nuevo modelo.
Carriedo detalló que en ese encuentro la Administración autonómica reclamará que se renuncie a un modelo que ha sido «impuesto por un partido separatista» y que se inicie un proceso para abordar la negociación en «condiciones de igualdad, ya que lo que afecta a todos se negocie entre todos».
«Para nosotros no es un procedimiento aceptable que el modelo de financiación de las comunidades autónomas y cómo se financian los servicios públicos en Castilla y León provenga de una exigencia de un partido separatista», apostilló, para después incidir en que es poco probable que un «partido separatista piense en el interés de Castilla y León y del conjunto de los españoles».
El portavoz del Ejecutivo autonómico criticó las cifras anunciadas por el Gobierno, ya que el nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente y a Castilla y León le corresponderían 271 millones del total, cerca de un 1,3 por ciento. «Las cifras hablan por sí solas», dijo Fernández Carriedo, al tiempo que criticó que una Comunidad como Castilla y León que constituye el 20 por ciento de la superficie de España reciba únicamente el 1,3 por ciento, mientras Cataluña ingresa 4.700 millones de euros.
«Esto supone que Cataluña y los separatistas reciban 17 veces más que Castilla y León cuando esta Comunidad tiene tres veces más superficie», profundizó, lo que significa que cada ciudadano de Castilla y León recibe, en términos de población equivalente, 105 euros pero alguien de Cataluña recibe 606.
Relegados en el reparto climático
Fernández Carriedo también lamentó el reparto del fondo climático que ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda con el que María Jesús Montero dotará al sistema de financiación de unos 1.000 millones de euros, ya que Castilla y León es uno de los territorios con mayor superficie forestal.
Se prevé que dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades.
El PP amenaza con el TC y Page exige elecciones anticipadas ya
En un día que calificó como "doloroso", Page, el barón del PSOE más crítico con Pedro Sánchez, elevó el tono como pocas veces lo había hecho antes al asegurar que no va a participar "bajo ningún concepto" en el "intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal".
"Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto", continuó. "No lo vamos a aceptar", y "no solo como región afectada, sino porque es echar a la basura decenas de millones de años de pelea por la progresividad fiscal", es decir, que "pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene", indicó.
Page desdeñó la idea de que ahora "el pastel es más grande" con el argumento de que "los trozos son más injustos", con "limosnas para algunas comunidades". Tras añadir que este nuevo modelo es "el mayor ataque a la igualdad de lo que se ha producido en toda democracia", advirtió de que "nos estamos jugando ni más ni menos que lo más importante que se puede jugar en la vida, que es cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos". "Pasar de un modelo de redistribución justa de la riqueza que es de todos a un modelo de ordinalidad es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles, que yo solo hubiera esperado de la derecha más reaccionaria", lamentó.
"Ya está bien de barrer siempre para los mismos", criticó García-Page, que explicó que este nuevo modelo de financiación "no tiene viabilidad" y por ello "vamos a hacer todo lo posible para que no arruine por completo lo que queden de principios progresistas en este país".
La propuesta de Montero también reabrió la caja de los truenos en el PP. Tanto Génova como las comunidades gobernadas por los populares rechazan un modelo negociado de forma "bilateral" con los independentistas y amenazan con recurrir a la vía judicial si consigue pasar el trámite parlamentario, como ya hicieron con el reparto de menores inmigrantes.
"Si esto se consuma, perjudicaría a Castilla y León y rompería la caja común de nuestro país, por lo que defenderemos a nuestra tierra y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance e, incluso, si es necesario, iremos al Tribunal Constitucional", avanzó Alfonso Fernández Mañueco. Un camino que seguirá su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, quien se enfrentará a las urnas primero el 8 de febrero -Mañueco lo hará en marzo-. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya avanzó en verano que utilizaría la vía judicial para echar abajo el nuevo modelo de financiación pactado porque representa un "ataque frontal a la solidaridad intersticial".
"Negociar con uno"
En la cúpula nacional del PP arguyen que un sistema de financiación autonómica negociado sin luz ni taquígrafos con el independentismo catalán "no puede ser bueno para el resto de España". "En política las formas son el fondo. No puedes negociar con uno lo que es de todos", aseveró el vicesecretario de Política Territorial, Elías Bendodo.
Las comunidades del PP llevaban años reclamando la actualización de la ley del sistema de financiación autonómico, vigente desde 2009 y pendiente de renovación desde el 2014. Entre ellas hay además diferencias en las reclamaciones debido a las distinta especificidades de cada territorio, que se sitúan en tres frentes. De un lado, Galicia, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, que coinciden con las socialistas Aragón, Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía ha mantenido contactos con Canarias y ha compartido criterios con Comunidad Valenciana y Murcia. Con Navarra y País Vasco fuera ya del régimen común, completan el mapa nacional las tres que más aportan, Madrid, Baleares y Cataluña.