Comienza este lunes en Valladolid el juicio por el 'cambiazo de ataúdes'
Los veintitrés ocupantes del banquillo se exponen a penas que superan los 200 años
Imagen de la policía llevándose documentación durante el registro a la funeraria.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid acogerá a partir de este lunes, 2 de marzo, la primera jornada del macrojuicio por la denominada 'Operación Ignis', la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador entre los años 1995 y 2015 relacionada mediante el 'cambiazo' de ataúdes antes de la cremación para su posterior reventa. En el banquillo de los acusados se sentarán finalmente 23 personas, para quienes la Fiscalía de Valladolid solicita penas que, en su conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos. Han quedado fuera de la causa por fallecimiento el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicho grupo y principal testigo, Justo Martín, quien a lo largo de años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva. Las peticiones de condena más elevadas del Ministerio Público se dirigen contra la viuda del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y sus tres hijos, Ignacio, Laura y María del Rosario M.V. Para cada uno de ellos se interesan penas de 20 años de cárcel, además de inhabilitaciones para la prestación de servicios funerarios durante tres décadas y multas que podrían alcanzar los 12 millones de euros. La complejidad del caso, que cuenta con más de 1.300 familias afectadas y cerca de 900 denuncias, ha llevado a la Audiencia a diseñar un calendario que se prolongará hasta el próximo 9 de junio a lo largo de 35 sesiones. Tras las cuestiones previas de este lunes, está previsto que el 9 de marzo comiencen las declaraciones de los 239 testigos y 17 peritos citados. La investigación policial que estalló en enero de 2019 sostiene que la funeraria retiraba los féretros de mayor valor adquiridos por las familias antes de proceder a la incineración de los cuerpos en el crematorio de Santovenia de Pisuerga. En cuanto al 'modus operandi', la acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible. Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y se articulaba en dos fases. La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, de forma que los cadáveres eran introducidos en el horno sobre tablones o en cajas de inferior coste, mientras que los ataúdes originales se limpiaban y se volvían a introducir en el circuito comercial para ser revendidos a otros clientes como nuevos. En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.